ERP. De acuerdo a informaciones periodísticas y un presunto audio de Juan José Santiváñez Antúnez, el vehículo “El Cofre” habría sido utilizado el 24 de febrero para hacer huir a Vladimir Cerrón hacia otro escondite; pero pese a la solicitud de testimonios de la Comisión de Fiscalización del Congreso, aún no se ha determinado la veracidad de la hipótesis, en tal sentido ha sido convocada para que explique este tema y otros.
Según indicó el congresista Juan Burgos, la sesión se encuentra prevista para el 29 de octubre, aún no se tiene conocimiento, si la mandataria asistirá al Congreso o pide que la Comisión se traslade hacia Palacio de Gobierno. Durante todo el proceso, la mandataria no ha proporcionada información del uso del vehículo "El cofre” y al contrario, ha clasificado como reservada la documentación.
De acuerdo a un informe de la Unidad de Investigación de Punto Final, el chofer a través de su abogado habría dejado a la mandataria en Mikonos, un lugar de Asia al sur de Lima; los vehículos que forman parte de la seguridad de Dina Boluarte habrían retornado solos e igual, el “Cofre” al siguiente día. El entorno de la mandataria, precisa que la unidad fue utilizada por ella y para asuntos familiares.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial presentada por el Congreso de la República en contra del Poder Judicial, por haberse pronunciado este último a favor de la reincorporación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia y de Zoraida Ávalos Rivera del Ministerio Público, que fueron inhabilitados por el Congreso.
La decisión generó contradicción en el Tribunal Constitucional, porque tres de ellos buscaban darle la razón al Congreso de la República, en tanto que 4 de ellos, consideraron que no hubo menoscabo de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, considerando que de acuerdo a interpretación anterior, las decisiones del parlamento que afectan derechos fundamentales, se tramitan en la vía judicial.
Por otro lado, la Policía Nacional del Perú se convirtió en ente deliberante, al respaldar en contra de lo resuelto por el Poder Judicial, al ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien comunicó la detención del número 2 de Sendero Luminoso, una ignorancia supina impropia para un ministro, de acuerdo a especialistas y sobre todo por quienes conocen sobre el tema. Pidieron su renuncia, pero prefirió esconderse en estos días.
