ERP. Instituciones vinculadas al arbitraje, como el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura, reiteraron su preocupación por la intención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- MINJUSDH de intervenir en el marco normativo del arbitraje en el Perú, afectando gravemente la seguridad jurídica y las inversiones en el país. Esta vez, mediante la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial mediante RM No. 16-2025-JUS.
En ese sentido, es importante recordar que la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071) fue adoptada el año 2008 para facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, siguiendo su regulación estándares internacionales basados en la Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 y la Ley Modelo de Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional.
Asimismo, en mayo de 2024, por RM No. 124-2024-JUS, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un Grupo de Trabajo Multisectorial para la mejora y actualización de la normativa que regula el arbitraje, en el que participaron representantes del sector privado y público, quienes presentaron una propuesta de consenso. La conclusión del Grupo de Trabajo fue que no era conveniente modificar la Ley de Arbitraje, concebida para resolver controversias entre privados, y que esta debía mantener los estándares internacionales que la inspiraron. Asimismo, para el caso de los arbitrajes en los que el Estado peruano es parte, se consensuó y presentó una propuesta de norma especial.
En ese contexto, las instituciones firmantes manifiestan su extrañeza por la conformación de un nuevo Grupo de Trabajo creado por la RM N° 16-2025-JUS con el mismo objeto, pero con una abrumadora mayoría de funcionarios públicos apenas cuatro meses después de que el anterior Grupo de Trabajo presentó sus conclusiones, que fueron resultado del trabajo serio y dedicado de profesionales y expertos en arbitraje.
“Invocamos al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Eduardo Arana Ysa, a reconsiderar esta situación generada por su propio despacho. Junto a ello, hacemos un llamado a asegurar la estabilidad del sistema arbitral como medio alternativo de solución de controversias, cuya jurisdicción está consagrada por la Constitución y que en los últimos 30 años ha demostrado ser un instrumento fundamental para el crecimiento y la garantía de las inversiones en el país”, concluyen.
