ERP. Defensoría del Pueblo realizó constatación en principales zonas de la ciudad. Durante reunión convocada por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, resaltó la necesidad de desarrollar políticas públicas y estrategias para atender la problemática de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, que permitan implementar una atención integral y coordinada a fin de garantizar sus derechos fundamentales.
“Como Defensoría del Pueblo expresamos nuestra preocupación institucional por la problemática en la que se encuentran niñas niños y adolescentes en situación de calle, la misma que se ha incrementado con la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; generando un problema social en la región que, los obliga a valerse por sí mismos, sufriendo los efectos de la pobreza, el hambre y la disolución de sus familias. Además, con frecuencia son víctimas de violencia, negligencia y explotación”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego.
Ante esta situación, personal de la institución realizó una verificación en las zonas de mayor concentración de niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Piura, con la finalidad de contar con información de campo y constatar las condiciones en que se encuentran, exponiéndose a situaciones de riesgo de desprotección o desprotección familiar.
Los resultados de la verificación fueron puestos en conocimiento del Coresec, advirtiendo una cifra de 79 niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 37 de los cuales solicitaban apoyo económico, 52 eran acompañados por un adulto mayor y 37 no contaban con implementos de bioseguridad, como la mascarilla.
Respecto a las diferentes causas que los llevaron a esa situación y que se han podido identificar, la oficina Defensoría del Pueblo en Piura hizo énfasis en la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentra la población en situación de movilidad humana internacional, especialmente la comunidad venezolana. Sumado a ello están las consecuencias de la crisis sanitaria, que ha originado que muchas personas pierdan sus empleos. Esto agrava la posibilidad de poder cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda y salud, obligándolos, en muchos casos, a tener que recurrir a la mendicidad.
Finalmente, la institución recomendó realizar un abordaje multidisciplinario, con un plan de intervención que permita activar los diferentes servicios del Estado, con el objetivo de garantizar el principio del interés superior del niño, evitando criminalizar a las niñas, niños y adolescentes.
