ERP. Alrededor de 60 Fiscales Provinciales, Adjunto Provinciales, Penales Corporativos de las diversas sedes; así como personal de la División Médico Legal DML, se reunieron en el Auditorio "Dr. Walter Guerrero Guerrero" de la sede principal del Ministerio Público Distrito Fiscal para realizar una reunión de trabajo en mérito de la Directiva "Actuación Fiscal en casos de detención en flagrancia delictiva, proceso inmediato y requerimientos de prisión preventiva".
En esta primera reunión, convocada por el Fiscal Superior Titular Dr. Guillermo Castañeda Otsu y que contó con la participación del Fiscal Superior, Jefe de Control Interno, Dr. Juan Paredes Portocarrero; los fiscales y médicos expusieron la problemática y limitaciones que se presentan ante la entrada en vigencia de esta nueva ley, que ya se aplica en el distrito fiscal de Piura.
Así, se consideró la urgente implementación de los despachos fiscales, entre otras necesidades, como por ejemplo: el disponer de una unidad móvil para los fiscales que requieren procesos inmediatos, ya que con este nuevo decreto legislativo los sujetos procesales, es decir el fiscal y la parte imputada deben convocar y llevar a sus órganos de prueba a juicio (agraviados, testigos, peritos, Policías, etc.)
También se consideró que ante la entrada en vigencia del D.Leg.1194 se necesita que la Policía cuente con laboratorios especializados para obtener de manera inmediata pericias como: absorción atómica, dosaje etílico, entre otros; a fin de que den celeridad a los procesos.
Finalmente los fiscales y médicos reafirmaron su compromiso de continuar con su ardua labor en cumplimiento con las normas que contiene el Decreto Legislativo N° 1194 que facilita los procesos; ya que condena a conductores ebrios, agresores o delincuentes que cometen el delito y son intervenidos infraganti, entre otros supuestos como: confesión sincera, estado de ebriedad y drogadicción, suficiencia de elementos de convicción y omisión a la asistencia familiar.
*Como se recuerda, el Decreto Legislativo N°1194 y en Piura entró en vigencia a fines de noviembre pasado, en aras de una justicia rápida y efectiva.
