Son procesados por perjudicar a miles de familias tumbesinas y ocasionar perjuicio económico al Estado por más de S/. 9 millones
ERP. En las próximas horas, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que despacha el magistrado Ricardo Manrique Laura, emitirá un importante pronunciamiento contra seis exfuncionarios del Gobierno Regional Tumbes denunciados por la Contraloría General.
Los denunciados acusados por la vía penal habrían ocasionado pérdidas por 9 millones 225 mil soles a los fondos públicos de esa región al haber reconocido irregularmente una liquidación mediante una ilegal conciliación dentro de un proceso arbitral, en favor de la empresa A&J Inversiones SAC.
Esta empresa ejecutaba las obras de saneamiento del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen del departamento de Tumbes”, pero las dejó inconclusas e inservibles alegando razones sin sustento técnico.
Este hecho no sólo perjudicó económicamente a los fondos de la región, sino que dejó sin servicios de saneamiento a miles de familias de Tumbes, por lo que la justicia debe actuar con celeridad para determinar las responsabilidades y aplicar sanciones.
Serias irregularidades
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios han detectado serias irregularidades en el proceso arbitral que han sumado a los indicios detectados por la Contraloría General, por ejemplo, que durante la fecha de emisión del laudo varios de los funcionarios involucrados no se encontraban en el país; se registraron comunicaciones telefónicas entre árbitros, funcionarios regionales y el representante legal de la empresa, así como la falsificación de la firma de la secretaria del Tribunal Arbitral en varios documentos.
De igual forma se comprobó la movilización de altos funcionarios regionales a la ciudad de Lima con motivo de la audiencia, muchos de ellos con pasajes pagados por la empresa; la falta de instrucciones y planteamientos del representante del Gobierno Regional y su allanamiento total a los requerimientos de la empresa mencionada, entre otros, que ampliaron la investigación fiscal hacia los árbitros lo que provocó la fuga del ex Presidente Regional de Tumbes.
Pruebas fehacientes
Lo detectado por la Contraloría y la Fiscalía Supraprovincial son pruebas fehacientes de que hubo una concertación (colusión) entre los funcionarios regionales y representantes de la empresa A&J Inversiones SAC para defraudar al Estado, en perjuicio de miles de pobladores tumbesinos
La fraudulenta conciliación solo sirvió a los funcionarios denunciados para pretender justificar el egreso indebido de fondos públicos a favor de A&J empresa, en claro perjuicio de los intereses del Gobierno Regional de Tumbes, por lo que el pueblo tumbesino espera una resolución judicial ejemplar.
