Lima. La Defensoría del Pueblo advirtió hoy sobre la existencia de problemas en las investigaciones fiscales de las denuncias hechas por peculado y colusión en las regiones Áncash, Ayacucho, Junín y Lima.
Mediante un informe presentado hoy, la Defensoría concluyó que, tras una revisión de 457 denuncias archivadas durante los años 2012 y 2013, 121 de ellas fueron archivadas inadecuadamente, y que ello responde a múltiples factores que incidieron en la calidad de las investigaciones fiscales.
Según señala el documento, en las regiones Áncash y Junín los archivos inadecuados llegaron al 32 por ciento, en Ayacucho al 29 por ciento y en Lima al 14 por ciento.
Estos archivos fueron el resultado de actuaciones fiscales no ejecutadas o mal planteadas, interpretaciones jurídicas erróneas, valoraciones inadecuadas de los medios probatorios, entre otros criterios.
Uno de los problemas advertidos, es que las investigaciones exceden los plazos máximos establecidos. Los archivos que requirieron el desarrollo de actos de investigación se extendieron, en promedio, 275 días.
Estas demoras se deben, principalmente, a la tardanza en iniciar diligencias fiscales, a la inconcurrencia de denunciantes, testigos e investigados y a la demora de las entidades públicas en remitir la información solicitada por el fiscal.
El estudio determinó que, tras las denuncias de peculado (que es la apropiación de bienes y caudales del Estado por parte de funcionarios llamados a su custodia o administración), se registran casos de apropiación de dinero producto de planillas fantasmas en obras y servicios, así como de apropiación de dinero destinado a obras realizadas con materiales de menor costo.
Las denuncias de colusión (el acuerdo para defraudar al Estado) se identifican casos de adecuación de bases en contrataciones públicas; manipulación de términos de referencia, generación de falsas necesidades, entre otros.
Otra de las dificultades detectadas dan cuenta del alto porcentaje de diligencias que se programaron y no se realizaron; en muy pocos casos se precisa el motivo por el cual no se llevó a cabo la diligencia inicialmente programada, hecho que dificulta realizar una supervisión posterior del trabajo fiscal.
En el caso de la toma de declaraciones, se advirtió un alto índice de inconcurrencias: en promedio, el 76 por ciento de declaraciones programadas no se efectuaron en la fecha dispuesta, en el 59 por ciento de estos casos, el fiscal ya no reprogramó una segunda fecha.
Ante las dificultades encontradas para realizar las investigaciones, la Defensoría del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones dirigidas a fortalecer la labor fiscal para potenciar su rol en la lucha contra la corrupción.
Se recomienda, entre ellas, profundizar el modelo corporativo de trabajo, que implica compartir diligencias planificar estrategias conjuntas, investigar casos complejos en equipo y, en general, realizar un trabajo coordinado entre fiscales.
De igual modo, se plantea implementar protocolos de investigación fiscal, que precisen actuaciones mínimas de investigación, implementar una unidad especializada que sistematice y organice información sobre las denuncias que se presentan ante las fiscalías Anticorrupción.
También se recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), priorizar en el presupuesto público las necesidades del Ministerio Público para la implementación eficiente del Código Procesal Penal y, en particular, para las necesidades que demanda la implantación del modelo corporativo en las fiscalías Anticorrupción.
La Defensoría del Pueblo ha hecho llegar sus recomendaciones a la Fiscalía de la Nación y a sus distintas instancias, al igual que al Ministerio de Justicia, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la Contraloría General de la República y demás entidades.
Estas recomendaciones buscan impulsar cambios a fin de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y, por ende, de la capacidad del Estado para perseguir eficazmente la corrupción en el país.
