ERP. Nuevamente, el estado peruano se encuentra obligado a cumplir con otorgar medidas provisionales en el caso de las matanzas de Barrios altos y La Cantuta, después de conocer que una Ley que buscaría favorecer a responsables de crímenes de lesa humanidad, el proyecto se encuentra pendiente de una votación, pero podría darse en la Comisión Permanente del Congreso y que se encuentra funcionando actualmente.
“Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos” indica el artículo 1 de la Resolución.
Agrega “Requerir al Estado que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el punto resolutivo primero de esta Resolución, luego de lo cual deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, sobre las medidas provisionales adoptadas, hasta que este Tribunal resuelva su levantamiento”.
Asimismo, indican “Requerir a las representantes de las víctimas que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas, contadas a partir de la notificación de los informes del Estado”; de igual manera “Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a los informes estatales dentro de un plazo de dos semanas, contadas a partir de la recepción de las observaciones de las representantes”.
Finalmente, disponen disponer que la Secretaría de la Corte notifique la Resolución al Estado del Perú, a las representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo a lo observado, tanto una mayoría congresal como miembros del Poder Ejecutivo, vienen infringiendo las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontrándose actualmente en desacato, por la liberación del expresidente Alberto Fujimori Fujimori.
