ERP, Perú enfrenta una crisis política que tuvo su desenlace en el día previo cuando por interpretación del presidente Martín Vizcarra se negó la Cuestión de Confianza. Las opiniones sobre el tema, se reiteran y en este caso el constitucionalista César Landa precisó que todo acto que realice el Congreso de la República después de su disolución constitucional no tiene validez jurídica desde el punto vista del orden constitucional.
En declaraciones a TV Perú, reconoció que declarar la suspensión temporal del presidente de la República está previsto en la Constitución, pero, subrayó, esa decisión requiere del debido proceso, el derecho de defensa y garantías mínimas.
Sin embargo, dijo que al margen de ello, la decisión que adoptó anoche el Parlamento de suspender temporalmente al presidente Martín Vizcarra está fuera lugar al haberse disuelto a este poder del Estado.
Estimó que el Parlamento intentó responder a su disolución con una moción de vacancia contra el mandatario que no pudo ser votada ayer, por lo cual optó por una moción para suspenderlo temporalmente.
Ayer, luego que el Poder Ejecutivo anunciara la disolución del Congreso, el pleno de este poder del Estado aprobó una moción de orden del día que proponía la suspensión del presidente de la República, Martín Vizcarra por un año.
Decisiones del Congreso disuelto no tienen validez según constitucionalista César Landa
El pedido, que requería votación simple y se tramitó en una hora, alcanzó 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Tras ello, el Congreso designó a Mercedes Aráoz como presidenta de la República.
La moción para suspender al mandatario fue aprobada luego que el pedido que presentó previamente la legisladora Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) para vacar al presidente Vizcarra fuera admitida a trámite, pero no pudiera ser votada al necesitar de 105 votos para ello.
César Landa sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso tiene un fundamento constitucional habida cuenta que se negó la confianza a dos Consejos de Ministros de este gobierno, con lo cual "se devolvió el derecho al pueblo de elegir y ser elegido".
Afirmó que la actuación parlamentaria de elegir un magistrados del Tribunal Constitucional, diferir el pedido del Poder Ejecutivo y luego dar una confianza sobre un tema vacío puede interpretarse como que la confianza no ha sido otorgada.
"Sobre qué artículo se ha discutido o reformado para decir que se ha cumplido. Evidentemente quien califica si ha habido o no confianza es quien la solicita(...) los actos parlamentarios son actos jurídicos y los actos jurídicos son expresos o tácitos", precisó.
