ERP/Nelson Peñaherrera Castillo. Verdaderamente deplorable el cuadro que nos regaló esa minúscula porción del empresariado que procesa productos hidrobiológicos en la Zona Industrial de Sullana, y que, al no poder sostener una discusión con las autoridades, no les quedó otra salida que recurrir al delito flagrante con tal de obligarnos a acatar su santa voluntad, como si la democracia consistiera en el gobierno de las patanerías antes que el de las mayorías.
Condensemos el conflicto para entender mejor la situación: hace tres años, la Municipalidad Provincial de Sullana (MPS) pasó una ordenanza que restringe el tránsito pesado por calles, avenidas o aliviaderos de tráfico urbano, por ejemplo el Canal Vía, debido a que el peso de las máquinas deteriora la carpeta asfáltica, y es derecho de todo el mundo circular sin problemas por la ciudad.
La medida de referencia máxima es 20 toneladas, más o menos veinte autos tipo station wagon corriendo de a cuatro en una pila de cinco niveles, todos al mismo tiempo y espacio. Si no todas, al menos una de estas empresas tiene unidades que pesan 40 toneladas; obviamente el doble de lo permitido, salvo que Pitágoras hubiera estado errado.
Y ese no es el único problema. Las unidades que trabajan para estas empresas cruzan la ciudad transportando aguas servidas, las que por simple principio de inercia, entre acelerar y desacelerar compitiendo con las mototaxis (nuestro otro dolor de cabeza), van salpicando su contenido hediondo.
La idea es que alcancen un buzón que se halla en el extremo noreste del área metro, cerca de El Cucho para deshacerse del contenido.
No es que sea la solución, porque igual esas aguas servidas aportan al flujo contaminante de todo el área metro que va a dar al río Chira, donde la Autoridad Nacional del Agua ya toma lecturas porque el protocolo lo exige, porque la porción frente a Sullana y Marcavelica simplemente convulsiona en agonía mientras esperamos la gloriosa venida de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que es otro lío aparte.
El punto es que la ciudadanía se quejó, la MPS intervino y se sentó a hablar con esa porción del empresariado, y luego de que el alcalde Carlos Távara dejara la reunión encargada a dos funcionarios, se armó la pataleta… del empresariado.
Uno de ellos ganó el balcón de la MPS, y se dirigió a un grupo de trabajadores –convenientemente reunidos en la primera cuadra de la calle Bolívar- para decirles que no se llegó a nada y que no querían dejarlos trabajar. Extrañamente, esos trabajadores se la emprendieron contra el edificio municipal y se armó el despelote entre ellos, serenos, policía municipal y Policía nacional.
Hasta donde sabemos, la MPS estaba pidiéndoles que bordeen la ciudad hasta llegar al buzón para cumplir con la ordenanza (que viene de la gestión Camino, ojo) porque la mayoría de la población se manifiesta incómoda con su presencia junto a sus casas o centros de trabajo (hay un hospital, un mercado y tres o cuatro colegios en el trayecto).
Y ahí está el meollo de la discusión: ceder ante el pedido de la mayoría, porque así se juega en democracia. Mayoría de personas, no mayoría de dinero o de tonelaje (hablo de los vehículos).
Como dije al inicio, lo que hicieron los empresarios fue un delito flagrante –todo el mundo que estaba alrededor del edificio municipal si no lo vio, lo oyó-, por lo que está más que justificada la denuncia penal que se ha interpuesto contra todos ellos. Incluso, alguien me comentó que, como la denuncia fue dentro de las 24 horas del incidente, la Fiscalía ya debió haber pedido la detención de quien resulte responsable.
Yo espero que el proceso abarque también a los trabajadores por dejarse usar como corderitos. Lo siento mucho, señores, pero ignorancia de la ley no es atenuante ni exonerante. Además, no hay que tener doce ciclos de Derecho para saber que la tarde del lunes se quebrantó la ley en Sullana al atentar contra propiedad pública y las personas que estaban dentro (que también pueden abrir procesos penales, si desean).
Eso también va contra cierto sindicato que protesta con varas, y que al sentirse frustrado, las usa para destrozar lo que hallen a su paso. Sigamos.
También trascendió que las autoridades quieren suspender las actividades del 104 aniversario de creación provincial. Oigan, no hay ni que pensarlo: ¡suspéndanlas!
Para comenzar, este 4 de noviembre será el desfile escolar. ¿Vamos a arriesgar a esos niños, esas niñas y los y las adolescentes a que algún resentido con la denuncia la emprenda contra todo el mundo? Ya sé que Távara no se caracteriza por ser un tipo con idea del peligro (lo demostró tras el incendio en el Mercadillo), pero si puede evitar una estampida humana (esta vez), habrá ganado mucho y será una poderosa señal de protesta contra ese grupúsculo de empresarios.
Y si alguien se araña porque no verá cómo se elevan las piernas infantiles y adolescentes, piña: la seguridad de las personas está primero.
Para ponerlo con manzanitas y naranjitas: la MPS y toda la comunidad de Sullana hemos sido victimadas en la trifulca del lunes, y podemos serlo de nuevo apenas estemos en una reunión masiva. Sí, ese grupito de empresarios nos ha metido miedo, así que la ley y la prevención serán nuestras armas para dejarles en claro cómo nos debemos comportar en democracia.
Y si las empresas quiebran, fatal pues. Antes de meter la pata, las cosas se piensan tres veces.
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