ERP. Un nuevo informe de Amnistía Internacional respecto a la crisis política de Perú y las consecuencias de una represión indiscriminada, fue presentado en Lima, presentándose hechos sistémicos que demuestran las ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú. "Queremos que las muertes de sus seres queridos, no se vean pintada como criminales (...)" indicaron en la presentación del documento.
Durante la presentación se indicó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades, ha sido indiscrimada con las consecuencias de muertes y asesinatos de personas que incluso en su mayoría fueron bastante jóvenes. "Fueron tomados como objetivos y fueron asesinados (...) otras muertes fueron aleatorias" indicó Agnes Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.
Presentando 5 casos que denominaron principales, la representante de Amnistía Internacional, precisó que lo ocurrido tendría responsabilidad de las autoridades, quienes no hicieron nada para evitar el uso indiscriminado de la fuerza. Se ha documentado la muerte de 25 personas indicaron, donde se concluye que fueron ejecuciones extrajudiciales. "Además, estamos seguros que todas las lesiones sufridas durante las manifestaciones son el resultado de un uso excesivo de la fuerza, incluye 24 casos de personas lesionadas por balas, por gas lacrimógeno, o por perdigones metálicos (...)" precisó en la presentación.
Tras la descarnada presentacioón de hechos que comprometería a las autoridades del país y sobre todo a elementos de las Fuerzas Armadas y Policiales, Amnistía Internacional, indicó que solicitaron audiencia con Dina Boluarte Zegarra, presidenta peruana, para sustentarle los hallazgos, pero no obtuvieron cita. Como se tiene conocimiento, con la finalidad de mantenerse en el cargo, el gobierno de la actual presidenta, ordenó una represión brutal que costó más de 60 muertos y de ellos 49 asesinados con balas.
Investigación a funcionarios por muertes
La Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas celebradas de diciembre a febrero. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando.” indicó la fuente
El informe, titulado Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca. Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales. En esos 20 casos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon munición real contra zonas sumamente vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen), y hay indicios adicionales, como vídeos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que señalan un uso injustificado de la fuerza. En los otros cinco casos mortales, Amnistía Internacional tiene indicios de posible uso excesivo de la fuerza.
Las protestas que se desataron en gran parte de Perú en medio de una crisis política el pasado diciembre incluyeron cortes de carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras. Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos. Además, en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que estigmatizaban a las personas que se manifestaban calificándolas de “terroristas” y difundiendo intencionadamente desinformación.
Muertes habrían sido sistémicas
Según Aministía Internacional, aunque las primeras muertes tuvieron lugar el 11 de diciembre en Andahuaylas, la policía y el ejército siguieron usando las mismas tácticas en diferentes ciudades días y hasta semanas después. Armados con rifles de asalto, dispararon munición real indiscriminadamente contra civiles, y causaron una importante pérdida de vidas. A pesar de las peticiones de las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca (incluida una llamada telefónica de la misma Defensora al ministro de Defensa) para que se evitara el uso excesivo de la fuerza, las fuerzas de seguridad siguieron disparando durante horas en muchos casos. En Ayacucho, el 16 de diciembre, por ejemplo, se desplegó el mismo personal militar en las mismas calles donde varias personas habían muerto y decenas habían resultado heridas el día anterior.
Indicaron que las fuerzas de seguridad no sólo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que los indicios sugieren que además ciertos altos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios. Los registros entregados a la Fiscalía de armas policiales y militares a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional no proporcionaban detalles sobre la munición utilizada ni sobre qué personal disparó armas específicas. En el caso de Juliaca, sólo dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales informaron de que habían disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM el 9 de enero. Sin embargo, ese mismo día, al menos 15 personas murieron por munición letal y decenas más resultaron heridas con armas de fuego. La policía también ocultó el uso de perdigones de plomo (una munición prohibida para el personal encargado de hacer cumplir la ley en los ámbitos tanto nacional como internacional), a pesar de que esos perdigones causaron múltiples muertes y heridas.
Amnistía Internacional entrevistó a un policía de Apurímac bajo condición de anonimato, quien dijo: “Una cosa […] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan”.
De las 25 muertes documentadas por Amnistía Internacional, 15 fueron de jóvenes de menos de 21 años, muchos de ellos de familias pobres de ascendencia indígena. La madre de Christopher Michael Ramos Aime,* un muchacho de 15 años muerto a manos del ejército en Ayacucho cuando cruzaba la calle desarmado, dijo: “Si no fuéramos pobres, Christopher no habría muerto. Porque no habría tenido que estar trabajando […] ese día”.
Amnistía Internacional llevó a cabo un análisis estadístico de las muertes registradas durante las protestas que sugiere un fuerte sesgo racial por parte de las autoridades peruanas. En él se encontró un número desproporcionadamente alto de muertes en zonas donde viven poblaciones históricamente marginadas, pese a que las protestas no eran allí más frecuentes ni más violentas que en otras regiones.
Por ejemplo, en Lima se registraron 104 protestas y 5 actos de violencia contra civiles, frente a las 37 protestas y los 5 actos de violencia por parte de civiles en Ayacucho. Sin embargo, en Lima, donde sólo el 20% de la población se identifica como indígena o afrodescendiente, únicamente hubo una muerte, mientras que en Ayacucho, donde el 82% de la población es indígena o afrodescendiente, murieron 10 personas.
En especial, la policía y el ejército sólo utilizaron munición viva fuera de la capital de la nación, a pesar de que en Lima hubo unos niveles de protestas y violencia similares a los de otras regiones.
