ERP. El horrendo caso sucedido en Chiclayo, donde un depravado abusó sexualmente de una menor de 3 años, nuevamente trajo al debate el qué hacer frente a este tipo de hechos, que cada cierto tiempo conmueven a la sociedad peruana. Después de lo ocurrido, el Gobierno anunció que plantearán la castración química para combatir este flagelo social, sin embargo, las respuestas en contra no se hicieron esperar.
La castración química tal y conforme se lee se aplica en algunos países, como Estados Unidos, Polonia, Rusia, Corea del Sur entre otros y tiene como finalidad bloquear funcionalmente el deseo sexual; tendría que aplicarse mensualmente, lo que implica un coste para el Estado peruano. Pero no es solo el coste, también se pone en tela de juicio la efectividad, considerando que actos de esta naturaleza tienen que ver con la salud mental del agresor o agresora.
Durante los últimos años, se han aprobado modificaciones, de tal manera que existen penas de 35 años de cárcel y hasta cadena perpetua para los agresores; pese a lo draconiano de las mismas, se observa que no disuaden a los desalmados y se siguen repitiendo.
En tanto, el debate se da, también se analiza el rol de las autoridades judiciales y el nivel de ineficiencia que caracteriza su funcionamiento.
El ministro de Justicia anunció en la víspera, que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de castración química, el mismo que persigue para aquellos delitos con pena determinada y no aplicaría a casos de menores de edad, donde se aplica la cadena perpetua. Su aplicación, indica el ministro, es una pena accesoria después del cumplimiento de la pena.
En el 2018, el Congreso de la República debatió un proyecto similar que solo quedó en esa condición por considerarla no útil para los fines esperados. Debe tenerse en cuenta, que la castración química solo busca inhibir el deseo sexual y no implica procedimiento quirúrgico alguno, como lo plantean otras voces.
La sociedad peruana, como otras del mundo, enfrentan este tipo de hechos que conmueven y sorprenden por nivel de crueldad e irracionalidad del ser humano. Las medidas extremas consideran la pena de muerte en algunos países, en tanto que, en otros, se han establecido condenas elevadas. En el caso nuestro, es la cadena perpetua cuando se trata de menores y hasta 35 años en casos diferentes.
En un Estado como el nuestro, con instituciones fallidas como el Poder Judicial, toda medida tiende a fracasar. Se da por ejemplo, en la tardanza de resolver casos indubitables y pese a ello, las víctimas deberán esperan un plazo extenso para que se obtenga un fallo contra el agresor. Incluso se da el caso, que un sujeto que podría ser culpable, se mantiene libre por diversos motivos.
Requerimos con urgencia más allá de la castración química, una mejora institucional para que cada quien cumpla con su responsabilidad estatal, sobre todo en la parte de la educación, donde podría obtenerse mejores resultados. Formar buenos seres humanos, debe ser la misión de todo Estado que se preocupa por su población.
Igualmente, y cuando se trasgreda la norma social, se debería tener un Ministerio Público y un Poder Judicial que respondan oportunamente en cada uno de los casos, donde haya una víctima de esta naturaleza y también de otros delitos. Si el Estado funciona, las mejoras no serán inmediatas, pero si de mediano y largo plazo. Por el momento, solo cabe ser drásticos contra estos sujetos y aplicar la Ley tal y conforme se encuentra aprobada.
