ERP. Uno de los motores de la campaña electoral del actual presidente de la República, fue promover una nueva constitución que reemplace a la aprobada en 1993, tras la dictadura de Alberto Fujimori Fujimori. Pese a las críticas y comentarios en contra de fuerzas de la derecha peruana, Pedro Castillo Terrones mantuvo dicha propuesta en primera y segunda vuelta y sobre todo en la plaza pública.
La Constitución Política de 1993, fue el resultado de un momento convulso para el país. Fue una salida a la crisis y su elaboración se realizó mediante un Congreso Constituyente, cuya composición fue la exacción social del momento. Varios partidos, consecuencia del golpe de Estado, decidieron no participar en esta acción y por lo tanto, lo que podría haber sido un escenario mucho más democrático, solo se conformó con partidos cercanos al fujimorismo.
No es la primera vez que se cuestiona la Constitución vigente, grupos de izquierda la consideraron siempre como promotora de inequidades y la fuente que genera mayores ventajas a los grupos de poder. Pese a las críticas, la Carta Magna, se mantuvo en los últimos lustros y en cada proceso electoral, se reactualiza el debate respecto a la pertinencia de su cambio, un hecho habitual en países como los nuestros.
Existen aspectos que es probable que no cambien ante la posibilidad de una nueva constitución y otros, que es posible se redefina en función no tanto del interés general, sino de los que corresponden a la mayoría elegida. La forma y modo como están estructurados los partidos políticos limitan toda posibilidad real de innovar la Ley de leyes, como también se le conoce a este documento.
La pandemia por la Covid-19 nos ha demostrado que el crecimiento de nuestro país y que muchos se enorgullecen llega a pocos y no a todos u todas. Fue necesario una mayor intervención del Estado para resolver los problemas coyunturales de personas y empresas, justamente. Uno de los aspectos que podría marcar la agenda y que genera el temor, es la mayor presencia del Estado, sobre todo en la economía.
Durante los últimos años, se ha visto que la corrupción se encuentra enraizada no solo en la parte burocrática, sino en la sociedad misma. Se comprobó que las instituciones tutelares tienen serias deficientes en su funcionamiento. Ello, sin profundizar el debate de carácter económico, la futura estructura de diversos entes, debería llevar a mejorar el Estado en general.
En tal sentido, instituciones como el Ministerio Público, Corte Suprema de la República, Tribunal Constitucional, por mencionar lo existente, no pueden seguir con la estructura actual y deben plantearse mejoras. Lo que en estos momentos sucede en el Tribunal Constitucional en su composición y fallos, es parte de esa degradación generada por la forma de conformación y calidades de los elegidos.
Quizá la razón fundamental para ir hacia un debate constitucional y posterior aprobación de una nueva Constitución, es la necesidad de acabar con un elemento que es herencia del fujimorismo y que crea crispación en la ciudadanía peruana. Es necesario, que la población ejercite sus derechos democráticos y se pronuncie por una norma que se requiere perfeccionar y quizá cambiar en algunos aspectos.
Si bien es cierto que el proyecto presentado por el Ejecutivo tiene serias imperfecciones, con la finalidad de ahogar de una vez por todas los cuestionamientos contra la Constitución Política del Perú de 1993, se proceda a estructurar la legalidad para llevarla adelante u ello implica, adecuar lo que se viene haciendo al marco jurídico vigente. Corresponde al Congreso de la República dar viabilidad a la propuesta.
De acuerdo a los argumentos de la oposición, existe mucho subjetivismo respecto al tema. Sin embargo, se debe acabar con dichos temores y confiar en la madurez democrática de los peruanos, para saber elegir a los futuros constituyentes y que sean los más idóneos para esta alta tarea. Esperaremos lo que pueda suceder en esta arremetida de unos, aprovechamiento de otros, pero perentoriedad que no se debe hacer esperar más.
