ERP. Después de una semana intensa de confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, culminó el pedido de vacancia presidencial. Tras amplio debate se rechazó por amplia mayoría la moción que buscaba sacar del cargo al Ing. Martín Vizcarra Cornejo y colocar en su reemplazo al integrante de Acción Popular Manuel Merino de Lama. La estratagema fue develada y la propuesta enviada al archivo.
Sin embargo, quedan algunas lecciones a tener en cuenta para evitar que intereses particulares se impongan sobre el bien común. La moción presentada aprovechando grabaciones clandestinas realizadas contra el presidente de la República, fueron interpretadas como el peor acto de corrupción, contando con la colusión de un congresista con serios antecedentes penales y de un partido que dejó de lado sus valores democráticos.
Festinando toda racionalidad, Manuel Merino de Lama un político con solo secundaria, sin formación académica y con escasa legitimidad social, abrió las puertas del parlamento para que el congresista Edgar Alarcón sustente, sin seguir los procedimientos habituales, lo que según él y quienes lo acompañaban era el acto de corrupción más vituperable cometido por el presidente Vizcarra.
Era lógico deducir que, en caso de haberse materializado el pedido de vacancia, el directamente beneficiado con la decisión sería el propio Merino de Lama. Según lo que se observó, el interés compartido se centraba en parlamentarios de Acción Popular, Unión por el Perú y Alianza para el Progreso. En el mismo día, tras difundirse unos audios editados, se pasó de la escucha a la sesión permanente y en horas de la noche se tenía una moción expresa para sacar del cargo a Vizcarra Cornejo.
Realmente increíble, pero cierto. Quizá los intentos golpistas pudieron catapultarse de no haber mediado la torpeza de Merino de Lama, quien ya creyéndose presidente reemplazante llamó a los jefes de las Fuerzas Armadas para darles “paz y tranquilidad” situación graciosa en un tema muy complejo para la democracia peruana.
Sin embargo, lo que pretendió ser una llamada secreta, se conoció horas después porque los propios comandantes de las Fuerzas Armadas se encargaron de informar al poder constituido. Conocida la intención golpista, denunciados los hechos, identificados los promotores inmediatos, algunos partidos entendieron del interés manifiesto y cambiaron de posición. Manuel Merino de Lama, Edgar Alarcón y quienes los seguían se quedaron solos.
Pronunciamientos por un lado y otro, firme decisión de no renunciar al cargo de Martín Vizcarra, aceptación de los hechos cometidos por Manuel Merino de Lama, recurrencia vía demanda competencial al Tribunal Constitucional, antecedieron a la decisión final. Demasiado para un país que tiene como problema central la pandemia por el coronavirus y que requiere conjunción de todos para evitar más muertes.
El día de la definición congresal estuvo lleno de encendidas participaciones, discursos espontáneos y otros escritos y muchas veces mal leídos y varias voces sensatas que llevaron las aguas a su nivel. La conclusión, estamos solo a 7 meses de las elecciones generales y los cargos contra el presidente no son causales para una vacancia. 78 parlamentarios dijeron no.
Transcurrido este espectáculo político se espera del Congreso mayor seriedad y responsabilidad y del Ejecutivo encaminarse a la atención de la población afectada por la pandemia y a resolver la crisis económica que ha dejado sin empleo y por ende sin ingresos a miles de familias peruanas. La tarea es ardua y no se puede, no se debe perder tiempo en debates estériles y bochornosos como lo visto el viernes 18 de septiembre.
