ERP. Lo sucedido en Tacna, Cusco y en la selva peruana, son demostraciones más que los peruanos no aprenden de los problemas conocidos con anterioridad. Nos referimos a los desastres ocasionados bien por los impactos de las lluvias o por la iunundación de ríos y quebradas. Lo que debería ser una llamada para la acción, solo constituye una reacción momentánea que se diluye con el tiempo.
No se trata de atender con prontitud a los damnificados de un desastre, sino de trabajar para que no haya tal condición. Lograr dicho cometido, implica decisiones públicas, pero al mismo tiempo concienciación de la población para entender lo que son los peligros naturales u antrópicos que son comunes en nuestro país. Respecto a lluvias e inundaciones hemos visto tragedias parecidas en todo el territorio nacional.
No se trata de diagnóstico, creemos que existen infinidad de documentos que hacen un análisis prolijo sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgos; pese a ello, cuando aparentemente todo está bien, sucede una lluvia y obliga a las autoridades a intervenir para socorrer esas vidas humanas que se exponen a la naturaleza y a sus propias decisiones, que pudieron ser evitadas.
En el caso peruano “(…) su ubicación en la zona tropical y subtropical de la costa occidental del continente sudamericano, determina que se encuentra expuesto a cambios climáticos que en muchos casos generan desastres, como son el Fenómeno El Niño, precipitaciones extremas, inundaciones, sequías, heladas, granizadas, vientos fuertes, entre otros” se lee en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021.
Ubicarse en el cauce de un río seco o de una quebrada con la justificación de la carencia de una vivienda o posicionarse en la ribera de los mismos, es tener un damnificado en potencia, como lo son aquellas familias que se posicionan en cuencas ciegas. Lo hemos visto en Tacna, igualmente en Lima, Trujillo y sobre todo en Piura y Tumbes. ¿Cuántas tragedias se requieren para enmendar?
Quebrada Longulo en Huancabamba | Fotografía de archivo
Ubicarse en una ribera de un río o quebrada, es igualmente quedar expuesto a ser arrastrado por la fuerza de las aguas cuando llueve intensamente. Sucedió en el 2017 con las poblaciones del Bajo Piura y acaba de suceder en la región San Martín. Y lo más crítico, seguirá sucediendo, porque no existe voluntad de cambio de las autoridades para regular el uso del suelo y de las familias, para entender que es riesgoso ubicarse en estos lugares.
Conociendo lo que ha sucedido en diversas partes del país, es necesario que haya seriedad en la respuesta. Mantener las condiciones de vulnerabilidad, es no aprender de las lecciones que otorga la naturaleza. Retirar a la población de los cauces, de las riberas de los ríos y quebradas, de las hondonadas o cuencas ciegas, de los acantilados, planteando reubicaciones hacia lugares más seguros es un imperativo.
Que las lágrimas y el sufrimiento de muchas familias no sean en vano; del dolor y del golpe se puede aprender, pero para eso se requiere autoridad y decisión. Evitemos más desgracias por falta de planificación del territorio.
