¿Y si Justicia no hace justicia?

Por eso se simplifica el concepto de justicia en eso de “dar a cada quien lo que le corresponde”.

¿Qué pasa cuando el esquema no funciona correctamente, en particular cuando la víctima es una persona que aún no puede hacer valer sus derechos de manera plena, como un o una menor de edad?

Imaginemos que un chico o una chica es víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su padre. Hay un código legal peruano muy específico que pena este tipo de comportamiento.

Imaginemos que la víctima se acerca a uno de los operadores de justicia y denuncia. En principio, ésta es acogida.

Imaginemos ahora que, días después, la víctima resulta siendo victimaria, y encima es amenazada con ser enviada a un reformatorio si sigue desobedeciendo al padre.

Imaginemos que el operador de justicia no haya investigado nada, y se haya dejado sobornar por parte del padre para que el caso no sea judicializado. ¿Qué tipo de soborno? A ver…. ¿qué tal… un saco de arroz?

Este podría ser uno de tantos casos en que el sistema de justicia premia al culpable y castiga al inocente, y desanima a que las personas cuyos derechos y libertades se vulneran sigan denunciando, porque, lógicamente se crea desconfianza, además de generar un resentimiento que en el futuro se traducirá en… violencia.

¿Qué hacemos cuando, con el pretexto de un título universitario, un operador de justicia no hace justicia?

Una abogada feminista a la que entrevistamos en Lima, hace un par de semanas, observaba que si bien las denuncias de violencia de género (violencia familiar, violencia sexual, trata de personas o hasta feminicidio) parecen incrementarse en las comisarías o el Ministerio Público, en el Poder Judicial parecen reducirse. Por si acaso hablo a nivel nacional; si eso sucede a nivel local, la explicación que dio bien podría aplicar perfectamente.

Aunque parte de ésta se basa en un trabajo de levantamiento de información que les conté en comentarios pasados.

El incremento de las denuncias puede ser por una perversa combinación entre que más personas son conscientes de sus derechos y denuncian, y que los casos de violencia se han incrementado. Acotó (refiriéndose al caso local) que un estudio más específico podría decirnos cuál de las dos explica cuál tendencia bajo estudio.

Al otro costado, la razón por la que menos casos se judicializan no se debe –como algún analista lamebotas sugirió- a que “la violencia se está reduciendo”, sino a que la carga procesal es tan grande que el nivel de casos resueltos es verdaderamente pobre.

Y si en esa ralentización agregamos que se pueda corromper a un operador de justicia, pues tenemos el acabose perfecto. Doble si la víctima vulnerada es un o una menor de edad.

Entonces resulta que el operador de justicia vuelve a dar la paliza, vuelve a traficar con la persona, vuelve a insultar, vuelve a violar, vuelve a matar.

Una persona decente se asusta ante esta posibilidad; una persona sin ética… ¿debería seguir siendo parte del sistema de justicia peruano?

Si bien el Poder Judicial ya tiene una instancia donde se puede denunciar los procesos indebidos o aparentes actos de corrupción, al igual que la Policía Nacional, ¿qué hacemos con otras instancias? Por ejemplo, ¿a dónde te quejas si, por mencionar alguna, no encuentras justicia en una DEMUNA?

Claro que el periodismo puede ser una instancia para exponer el caso –y gracias por la confianza-; pero el periodismo solo expone, no resuelve porque no es su trabajo (aunque influye en la solución).

En un esquema donde todo funciona, quien infringe debe recibir una sanción, no importa quién sea, tras un debido proceso.

Pero cuando el esquema falla, alguien superior tiene que corregir el desbarajuste, y además de sancionar a quien infringe, sancionar doble a quien se prestó de brazos abiertos a retozar con la impunidad.

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