ERP/N.Peñaherrera. Casi todos los presidentes regionales del norte peruano están en la mira de la justicia. Y por ser inocentes angelitos, aparentemente, no.
La reciente orden de detención contra el presidente regional de Áncash, por su presunta participación en una red de corrupción y sicariato –que estaba cantadaza- ha enrarecido mucho más el aire de las gestiones regionales, por lo menos las de Tumbes, Cajamarca y quizás Piura.
Sobre Tumbes, conocemos todos los alegados malos manejos con fondos del estado, con tal de hacer proselitismo, en un ambiente de inseguridad altamente parecido al de Áncash.
En Cajamarca, el asunto podría ser la malversación de fondos en obras públicas, que ha puesto en jaque a un grupo de funcionarios y parece haber obligado la 'desaparición' de su presidente aunque no hay acusación emitida.
En Piura, los antecedentes de la Organización de estados Iberoamericanos en otras licitaciones ha generado desconfianza sobre la transparencia en la del proyecto Alto Piura, tras el fracaso con Camargo e Correia.
Hay ciertas movidas en el organigrama del Gobierno Regional que han levantado sospecha, incluyendo el retorno de un exjefe de relaciones públicas, que conocemos desde el fujimorismo.
Además, está por aclararse cuánto acceso tuvo La Cruz del Norte, la banda que se desarticuló en Castilla hace unos meses, y que tenía a uno de sus presuntos cabecillas paseándose por el búnker de san Eduardo como Pedro en su casa. Y no se llamaba Pedro si no recuerdo mal.
Ahora que se nos aproxima un periodo electoral, quienes votamos y no estamos apasionados por un partido o una figura, o quienes no andamos 'lambisconeando' un puesto en el gobierno que, personalmente, no me parece atractivo de incluir en mi hoja de vida, tenemos que estar más que alertas con quienes pretenden liderar nuestras administraciones regional y municipales.
No solo tenemos que andar haciendo labor detectivesca (ya que quienes deben hacerlo no les da la gana) con cada uno de los currículum vitae, sino que también tenemos que comenzar a exigir un nuevo requisito que, si bien no lo piden las leyes, podría confirmar o descartar la calidad moral de quien pretende gobernarnos.
Lo que trato de decir es que debemos demandar que cada candidato y candidata nos presente su certificado de antecedentes penales, policiales y hasta perfil toxicológico. Esto último porque el consumo de drogas es ideal para incubar actitudes delincuenciales.
Pero no debemos tranquilizarnos con el hecho de que cada postulante nos presente tales papeles, sino verificar independientemente que lo que se nos da es real y no falsificado.
Éste sería otro criterio de descarte.
Las condiciones actuales ya no nos permiten creer en el floro de campaña. Las cosas han cambiado: basta que alguien lance su candidatura para que, sin pensarlo dos veces, pensemos lo peor hasta que comprobemos lo contrario.
Lo siento, señora Ley, ahora sí: todo candidazo es altamente culpable hasta que compruebe con mucho sudor su inocencia, o la duda perjudica al político. ¿Qué te parece?
(Sigue al autor en Twitter como @nelsonsullana)
