¿Comunidades o mafias?

Nelson Peñaherrera
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nelson penaherrera castilloERP/N.Peñaherrera. Acusan al presidente de la Comunidad Campesina san Martín de Sechura de recibir un sueldo, que es seis veces mayor que el mínimo legal, aunque no se han presentado pruebas; pero también dicen que está preparando todo para lanzarse a la alcaldía de la provincia más joven de Piura.

Encima, la sospecha está servida sobre cómo se usan los fondos de la fundación creada por la explotación de fosfatos, y, en fin, por cualquier empresa que quiera operar en la zona.

En la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, Piura, se denuncia al presidente de vender terrenos comunales sin autorización de la asamblea. Como respuesta, sus hijos parecen estar amenazando a los dirigentes denunciantes, a punta de insultos, patadas y hasta con armas de fuego.

Hubo varias controversias entre la Comunidad Campesina san Lucas de Colán, Paita, por puestos de trabajo, dinero y alegados acuerdos poco transparentes entre la directiva y la petrolera Olympic.

La Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, Piura, está dividida entre quienes quieren a la minera Buenaventura y quienes no quieren saber nada de ella. Asímismo, se acusa a la directiva de estar recibiendo dinero aunque no hay pruebas tampoco.

Dinero, un bien que no es el fin de una comunidad campesina, es, de pronto, el centro de luchas internas. También, existe el afán de perpetuarse en el poder y ocultar los estados de cuenta de las gestiones salientes.

Las comunidades campesinas, la estructura idealizada por la izquierda como un espacio donde la democracia, la apertura y la igualdad florecen, son tiránicas, secretistas y elitistas.

Suena a haberse comido el fruto del árbol del bien y del mal, y establecer una abierta rebeldía contra el Creador para evitar ser desalojados desde el paraíso, a pesar de una advertencia previa: seguir la norma.

Amparándose en la autonomía y hasta el derecho consuetudinario (la ley de la costumbre), muchas veces las comunidades campesinas hacen y deshacen sin que nadie parezca controlarlas. Y cuando alguien quiere ponerles un pare, el estilo ¿Ancash-Tumbes se impone: o te tranquilizas o ya fuiste.

¿Vale la pena que, ante este escenario, que parece generalizarse, las comunidades campesinas merezcan seguir teniendo autonomía y hasta un ordenamiento propio?

Yo creo que ya no. Lo están malusando, tratando de ponerse por encima del ordenamiento jurídico nacional, lo que es un exabrupto que se debe corregir de inmediato.

Si estas organizaciones, que ya nada tienen que ver con el 'ayllu' del Incanato, quieren convertirse en enclaves mafiosos, pues tendrán que olvidarse del derecho consuetudinario, su autonomía,y ponerse irrestrictamente a derecho como el resto de la población.

Y, lástima, justos tendrán que pagar por pecadores; pero se hace necesario, pues si entre organizaciones pares no han sido capaces de advertirse fraternalmente, dudo que lo hagan luego.

Todos y todas somos iguales ante la Ley. Que se aplique este principio, ya.

(Sigue al autor en Twitter como @nelsonsullana)

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