ERP/N.Peñaherrera. ¡Atención Miguel Santillana! La mejor prueba de que la minería informal o ilegal están en Tambogrande es que durante el paro del jueves pasado las protesttas en Tambogrande reunieron a... cero manifestantes.
En realidad sí hubo protestas, pero 30 km más al norte en Las Lomas.
Para quien no lo sepa, Tambogrande y Las Lomas son dos distritos de la provincia de Piura, autónomos en territorio y administración uno del otro. En todo caso, ambos le deben cuentas a la Municipalidad Provincial de Piura, pero cada cual está por su lado.
Es algo así como Santiago de surco y san Juan de Miraflores, dos distritos de Lima, totalmente diferentes pero parte de Lima al final.
Si ése es el razonamiento, la provincia se llama Piura, no Tambogrande; pero no es por ahí que va la cosa.
El 19 de abril, si el gobierno a la cabeza de Ollanta Humala no se le ocurre arrugar a última hora, vence el plazo para que los mineros informales se formalicen, que en buen romance significa ser parte de la base de datos de SUNAT y someterse a las supervisiones que debería tener su actividad, a la que se acusa de contaminar el agua y el suelo de los valles del Quiroz y del Chipillico, ambos afluentes del río Chira, que pasa por Sullana, por si alguien no se dio cuenta.
Según las autoridades regionales, en Piura se han identificado 12 mil emprendimientos mineros, de los que solo la décima parte han comenzado el papeleo –o mejor dicho el compromiso de ser formales- y dos no tienen nada que temer (en principio). Por cierto, este par son plantas de recepción de material en Las Lomas (¡Las Lomas, señor Santillana! Chape su mapa).
Las mismas autoridades ven bien verde –perdón, es una expresión- que esos 1200 emprendimientos concluyan su trámite satisfactoriamente.
¿Qué dicen los mineros? La clásica. Que no les da el tiempo, que mucho papeleo, que les cobran de más (¡qué tales moluscos! ¿y lo que ganan por gramo?). en fin, excusas, excusas y más excusas.
Quien no se formalice hasta la tercera semana de abril, caballero, podría ver cómo su inversión explota dinamitada: las interdicciones.
El dirigente de la comunidad de San Sebastián, Suyo (Ayabaca), que trocó las natillas por el oro, dijo en radio que el Gobierno no debe iniciar estos procedimientos pues si ellos se quedan sin trabajo, aumentará la delincuencia.
Sí, yo también me quedé helado cuando la oí en vivo y en directo, el jueves.
Nadie dice que la gente no tenga derecho a crearse su fuente de trabajo. Es un derecho. Lo malo es que si ese derecho afecta el nuestro, entonces deja de serlo, y debe perseguirse legalmente.
En otras palabras, un minero artesanal formalizado tiene derecho de trabajar, pero tiene el deber de proteger el medio ambiente. Así de simple.
El Gobierno no debe dar más plazos para que estas personas se formalicen. Ceder será una señal de debilidad ante el cumplimiento de las reglas que se exige a todo ciudadano y ciudadana, y una suerte de dejarse avasallar por el chantaje de ese mensaje subliminal que saltó desde lo más profundo del subconsciente dirigencial: hacerle la corte a la delincuencia, la inseguridad.
Entonces, aunque a la propia Naturaleza no le caiga bien, si hay que dinamitar dragas e instalaciones con tal de evitar una ola de contaminación por nuestras corrientes de agua, que se proceda. Ni modo, le vamos al mal menor.
Y no sería mala idea averiguar qué hay detrás de esa proliferación de quimbaletes y chancadoras, porque ya les demostré en un comentario anterior que la falta de dinero es un argumento más endeble que gelatina aguada.
Ah, y por cierto, visiten www.novalearrugar.pe, que dice pedirle a quien corresponda (no dicen quién) que los plazos se mantengan invariables. Suscribo.
(Sigue al autor en Twitter como @nelsonsullana)
