ERP. Recuerdan que los cuatro movimientos políticos que tendrán representación en el próximo concejo municipal provincial (Contigo Región, Unidad Regional, Fuerza Regional y el partido Alianza Para el Progreso), ofrecieron promover trabajo para solucionar el problema del desempleo; asimismo, disminuir la inseguridad, ordenar la ciudad, solucionar el desabastecimiento de agua, mejorar el servicio de salud pública, ordenar mercados y ejecución de proyectos “bandera”.
Se acuerdan que al fragor de la campaña electoral Contigo Región (que ganó la alcaldía) y APP se comprometieron a generar trabajo a través de la ejecución de obras y servicios por administración directa; así como a través del impulso y apoyo a los emprendedores de la provincia de Talara.
En ese sentido, vecinos como José Chavesta Campos, María Arévalo Garrido, Manfredo Requena Sosa, Katherine Sanjinez Morales, Leonardo Morales Montero y otros ciudadanos exhortan a las recientemente electas autoridades municipales en la provincia de Talara a enfocarse en cumplir las promesas de campaña y reducir la brecha en materia de trabajo, inseguridad, ordenamiento local, servicios públicos, agua potable, salud, educación y otros.
Cabe indicar que, a través de los distintos medios de comunicación, los pobladores de Talara reiteran su pedido para que las próximas autoridades elegidas para que gobiernen en la provincia de Talara, durante el periodo 2023 – 2026, realicen una gestión transparente y trabajen por sus distritos y provincia.
“Ofrecieron tanto y nos dijeron que iban a solucionar los problemas de Talara, esperamos que no sea más de lo mismo. Ojalá que el próximo gobierno de Talara utilice las herramientas de gestión pública, de gobernabilidad, para solucionar los múltiples problemas de la provincia y sus distritos”, ha enfatizado María Arévalo Garrido.
Por su parte, José Chavesta Campos ha destacado que los regidores y la sociedad civil organizada, tienen la responsabilidad de participar activamente en el marco de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, para evitar que las próximas autoridades puedan incurrir en los delitos de corrupción de funcionarios.
