ERP. Javier Bereche Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, calificó de negligente la medida decidida por el Poder Ejecutivo que modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo porque incrementaría la informalidad laboral en el país, estimada en un preocupante 80 %.
Deploró que no se haya tomado en cuenta al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), que integra a las organizaciones sindicales y gremios empresariales más representativos del país, así como a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y representantes de las organizaciones sociales vinculadas al Sector Trabajo, cuya misión es contribuir permanentemente a la generación y mantenimiento de políticas estables en materia de trabajo, empleo, formación y seguridad social.
Cuestionó la norma a nivel de forma y de fondo.
El presidente de la Cámara de Comercio de Piura remarcó que se está repitiendo lo que ha pasado con la tercerización laboral, en tanto estos cambios debieron darse a través de una ley emitida por el Congreso y no por un decreto supremo.
Señaló que la norma estaría promoviendo la sindicalización masiva pues con ella, todos pueden formar o integrar un sindicato, incluso los trabajadores independientes, quienes además pueden formar parte de federaciones, sin necesidad de integrar un sindicato.
Señaló que ello va en contra de lo establecido en la ley de negociaciones colectivas, la cual señalaba que un trabajador se afilia a un sindicato, el sindicato a federaciones y estas a confederaciones. Pero ahora, un trabajador podrá afiliarse a una confederación sin necesidad de estar en un sindicato.
Asimismo, cuestionó que, hasta antes de esta norma se requería de una resolución expresa del MTPE aprobando el desarrollo de una huelga. No obstante, ahora se dispone que, si no se emite resolución en tres días, se da silencio positivo y se permite la huelga. Además, será válida la huelga sin acreditar que está en curso una negociación colectiva.
Observó, también, la prohibición de reemplazar a un trabajador en huelga, coactando el derecho a la libertad de trabajo de aquellos que desean laborar y poniendo en riesgo la continuidad de la actividad empresarial.
Por otro lado, con relación al arbitraje potestativo, cuestionó que sólo pueda ser iniciado por los trabajadores, y en forma alternativa a la huelga. Los empleadores ya no podrán recurrir a un arbitraje potestativo para resolver los desacuerdos que pueden tener con sus trabajadores en medio de una negociación colectiva.
Aclaró que no se trata de estigmatizar las negociaciones colectivas, huelgas ni la actividad sindical, pero es fundamental garantizar que no se desnaturalice su finalidad ni se atente contra la productividad, competitividad y los derechos de personas naturales y jurídicas.
Hizo hincapié en que el Gobierno debe impulsar el crecimiento sostenido de nuestra economía que se traduciría en empleo formal de calidad y bienestar social. Sin embargo, una norma antitécnica y populista como el Decreto Supremo No. 014-2022-TR solo ahondaría las desigualdades existentes, al propiciar mayor conflictividad entre empleadores y trabajadores, y condenar al país a la informalidad.
Finalmente, mencionó que sería conveniente para el país que el Congreso de la República derogue el dispositivo que, conforme lo han advertido algunos especialistas, podría ser sometido a una demanda constitucional de acción popular, un proceso judicial de acción de amparo, queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras medidas.
