ERP. Javier Bereche Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura se pronunció a favor de la derogatoria del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR que regula los servicios de tercerización.
Hizo hincapié en que es una norma inconstitucional porque atenta contra los derechos de libertad de empresa y libertad de contratación. Además, vulnera los principios de predictibilidad y seguridad jurídica con un serio impacto en las empresas y los trabajadores.
“Carece de fundamentos técnicos, pone en riesgo la reactivación económica, amenaza el empleo de aquellos trabajadores formales que laboran bajo esta modalidad, y atenta contra la creación de puestos de trabajo”, dijo.
Deploró que el Gobierno no perciba el impacto negativo de esta norma antitécnica.
“Parece no advertir que al arriesgar la sostenibilidad de las empresas hace peligrar los puestos de trabajo que estas generan y, por ende, compromete los esfuerzos por lograr la formalización empresarial y estimular el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPE)”, señaló.
Al respecto indicó que, al cierre del 2021, la tasa de informalidad en el Perú ascendió a 75.5 % y en Piura fue de 82 %. Asimismo, destacó que la MYPE representa el 99.3 % del empresariado nacional formal y en nuestra región el 95 %, siendo una de las cuatro regiones que más empleos genera a nivel nacional por lo que sería una de las más afectadas.
Bereche Álvarez, explicó que la tercerización les permite a las empresas conseguir mayor eficiencia, rentabilidad, productividad y competitividad lo que se refleja en mejores precios que benefician al consumidor por lo que restringir la tercerización perjudicaría, también, a la población con el alza de precios en las tarifas que, según datos del INEI, a nivel regional se han incrementado más del 10% en los últimos 12 meses.
Manifestó que a finales del 2021 se registraron 114 mil 800 trabajadores en empresas de tercerización laboral, siendo Piura una de las cinco primeras regiones que genera dichos puestos de trabajo.
Agregó que “por existir una mayor demanda de la tercerización laboral sobresalen: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que concentran el 50 % del empleo formal tercerizado en la región, seguido por transporte, almacenamiento y comunicaciones (12 %); minería y el suministro de electricidad, gas y agua (8 %). Estos sectores superaron el promedio nacional y, en conjunto, explican una incidencia del 70 %”.
Fue enfático al señalar que “si la intención del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR es corregir la prestación del servicio de tercerización en algunos casos, basta con poner mayor énfasis en la fiscalización, pero no modificar la naturaleza del servicio en sí, más aún, con todas las inconsistencias que han sido puestas en evidencia”.
Finalmente, exhortó al Ejecutivo y al Congreso de la República impulsar medidas que beneficien al país.
