ERP. Si el espíritu de la norma es beneficiar al trabajador, sobre todo, en aquellas empresas que han venido haciendo mal uso de la tercerización, el impacto por la escasa sostenibilidad del modelo sería negativo y ocasionaría el incremento del desempleo en el país, aseguró Javier Bereche Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura al referirse al Decreto Supremo N.º 001-2022-TR.
Señaló que no ha habido un análisis de las consecuencias de la medida para el trabajador, si las empresas no pueden asumir el costo que representa la contratación directa de este, muy a su pesar, tendrán que prescindir de él y optar por otras alternativas que garanticen su crecimiento.
Advirtió que la norma, recientemente aprobada por el Ejecutivo, es una norma que carece de sustento técnico, transgrede el principio de jerarquía normativa previsto en la Constitución Política del Perú, y vulnera los principios de predictibilidad y seguridad jurídica.
Asimismo, observó que afectará a las empresas y la generación de puestos de trabajo formales.
“Debió haberse puesto mayor énfasis en la fiscalización para asegurar el respeto irrestricto de las disposiciones y de los derechos del trabajador, en lugar de aprobar un dispositivo que asume que todas las empresas cometen abusos laborales, y que podría provocar la pérdida de puestos de trabajo, un efecto contrario al que buscaría”, afirmó.
Indicó que las empresas o instituciones que contratan a una empresa de tercerización optimizan el desempeño de su actividad y generan fuentes de empleo, ya que acceden a soporte temporal externo facilitando la creación de puestos de trabajo.
“Con la tercerización la empresa tiene mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios en el entorno sin poner en riesgo su sostenibilidad y por ende sin vulnerar las oportunidades del negocio ni la de los propios trabajadores”, explicó.
Fue enfático al señalar que “si la empresa pierde competitividad y debe cerrar sus puertas son miles de familias las que se verán afectadas por el desempleo, subempleo o informalidad, y esa es una situación que hay que evitar, sobre todo, en un contexto de reactivación económica tras la crisis por la COVID-19 y de lucha frontal contra la pobreza”.
Agregó que la restricción de la tercerización laboral afectaría seriamente a las pequeñas y microempresas, así como, a las empresas que brindan servicios de outsourcing, con el riesgo de que miles de trabajadores queden fuera del mercado laboral formal, perjudicándolos en lugar de favorecerlos.
