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Se inició abastecimiento de agua en penal de Piura tras recomendación de la Defensoría

Piura
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ERP. Tras tomar conocimiento de la interrupción del servicio de agua en el Establecimiento Penitenciario de Piura, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región hizo un llamado urgente a las autoridades penitenciarias, municipales y regionales con la finalidad de adoptar acciones inmediatas y garantizar el agua potable en el penal, a fin de que la población penitenciaria y los agentes penitenciarios cumplan con las medidas de bioseguridad para hacer frente al COVID 19.

Al respecto, se supo que el servicio de agua potable fue suspendido desde el miércoles 17 de febrero, debido a un desperfecto en la bomba de succión que permite abastecer al establecimiento. Ante ello, la institución se comunicó con el director del penal, quien señaló que ya habían iniciado los trámites administrativos para que se proceda al cambio de la bomba, pero ello demoraría aproximadamente una semana, tiempo durante el cual el penal no contaría con agua.

Sin embargo, inicialmente la EPS Grau apoyó con una cisterna de agua diaria destinada a la preparación de los alimentos, motivo por el cual la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura requirió al Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Piura y la Municipalidad Distrital de Castilla su contribución urgente para solucionar la falta de agua potable en el establecimiento penitenciario y así garantizar la provisión necesaria los días que duren los trabajos de reparación de la bomba. De la misma manera, la oficina defensorial gestionó con la EPS Grau el abastecimiento diario de agua con dos cisternas que abastecerán 30 000 litros por día.

Por su parte, el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo reforzó las gestiones ante la presidencia del INPE, logrando que desde la oficina de administración de la sede central, se hicieron las coordinaciones respectivas con la oficina regional para la aprobación y adquisición de una bomba nueva que garantizará el servicio de agua de manera ininterrumpida.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura recordó que el acceso al servicio de agua potable constituye un derecho constitucionalmente reconocido y el Estado tiene la obligación de asegurar que este sea suministrado en condiciones de salubridad, a fin de no afectar la salud de la población, además de garantizar que dicho servicio permita satisfacer las necesidades elementales de las personas, sobre todo en el contexto actual de la pandemia por el COVID-19.

Diario El Regional de Piura

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