ERP. La Contraloría General de la República reveló irregularidades en el contrato de adquisición de maquinaria pesada para el mejoramiento operativo de los gobiernos locales en la atención de desastres ante el peligro inminente de intensas lluvias y a cargo del Gobierno Regional de Tumbes.
Tal acción se registró en el marco del Decreto Supremo N.º 029-2023-PCM y esta misma favoreció al contratista con una ampliación sin sustento en el plazo de entrega, de 45 a 60 días.
De acuerdo al Informe de Control Específico N.º 067-2023-2-5353-SCE, el proyectista elaboró el expediente técnico y lo presentó el 3 de mayo del 2023. Se consignó un plazo de 45 días y un calendario de ejecución del 1 de junio al 15 de julio del 2023 con un costo de más de S/16 millones. Una vez que se revisó el expediente, se identificó que en la sección de memoria descriptiva y especificaciones técnicas indicaba otro plazo de 60 días, distinto al considerado en el calendario.
Luego, la Subgerencia de Estudios Técnicos y Proyectos elevó el informe del proyectista a la Gerencia Regional de Infraestructura, la cual lo aprobó con resolución (proyectada por el responsable de asuntos legales) por un plazo de ejecución de 45 días.
Sin embargo, el Subgerente de Obras alcanzó al Gerente de Infraestructura los términos de referencia del proyecto donde se indicaba que el tiempo de entrega de los seis tipos de maquinarias sería en un plazo de 60 días, sin presentar ni tener sustento por el cambio de 45 a 60 días.
En esa línea, el Gerente de Infraestructura, lejos de advertir la ampliación del plazo, tramitó el requerimiento con las oficinas de Administración y Logística. Posterior a ello, se invitó al proveedor a la contratación directa quien aceptó suministrar la maquinaria en 60 días, regularizando la documentación y presentando su cronograma acorde a ese plazo.
Además, la oficina de Administración de la entidad designó el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), el cual elaboró las bases administrativas para la contratación directa y precisó que el plazo sería de 60 días, pese a que el tiempo establecido en documentos previos era de 45 días.
Por otro lado, el proveedor presentó una carta que autoriza al GORE a retener el 10% del equivalente al valor de la maquinaria no entregada al momento de la suscripción. Sin embargo, por la naturaleza del contrato no debió retenerse el 10% como garantía de fiel cumplimiento, sino que debieron presentar una carta fianza por S/1 603 439.80, toda vez que esa condición es para el suministro periódico de bienes, y las bases no incluían un cronograma de entrega.
Tras las irregularidades determinadas se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa funcional por la entidad en el gerente de infraestructura y jefe de la oficina de logística. También, cuatro funcionarios con presunta responsabilidad administrativa a cargo del GORE Tumbes.
El documento fue enviado al Gobernador Regional de Tumbes para que adopte las acciones necesarias y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
