ERP. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) ratificó que su labor se enmarca en la Constitución y la ley, descartando cualquier motivación política o persecución personal en sus investigaciones. El fiscal superior Mirko Dino Cano Gamero, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Corrupción, destacó que el trabajo del Ministerio Público se centra en los delitos y hechos delictivos, y no en personas en particular:
“Nosotros no investigamos personas, investigamos hechos que vinculan a personas. Y si ese hecho está vinculado a un delito, procedemos a formular los requerimientos correspondientes”, señaló.
En esa línea, respaldó las acciones desarrolladas por el EFICCOP en la carpeta fiscal N.° 01-2025, que incluyen el allanamiento e incautación de documentos en 14 inmuebles de Lima y Ayacucho, ejecutados con autorización judicial.
Por su parte, el fiscal provincial Carlos Ordaya, integrante del EFICCOP, precisó que todas las diligencias se realizaron con mandato judicial y en estricto respeto a los procedimientos:
“Aquí hemos actuado de forma objetiva, corroborando lo declarado por testigos protegidos sobre una presunta red criminal”, indicó.
La investigación, iniciada en marzo de este año, se sustenta en testimonios de colaboradores eficaces, testigos protegidos, documentos incautados y comunicaciones digitales, y viene revelando presuntos actos ilícitos como:
Favores irregulares en la Defensoría de la Policía para beneficiar a un estudio jurídico.
Cobros indebidos a oficiales de hasta 20 mil dólares para garantizar su permanencia en cargos de confianza.
Presuntos beneficios a una empresa minera, en coordinación con funcionarios policiales y regionales.
Actos de encubrimiento mediante el traslado de bienes para evitar incautaciones.
Denuncia contra dos policías
El fiscal Ordaya informó, además, que se presentó una denuncia contra dos policías por presuntos actos de intimidación contra un testigo protegido, con el fin de que este dejara de colaborar en el caso que involucra a Juan José Santiváñez.
La denuncia, ingresada a la Fiscalía Provincial Penal de Lima Centro, es por los delitos de obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje.
Asimismo, advirtió que varios policías en actividad y retiro han manifestado temor a denunciar hechos de corrupción, debido a posibles represalias como ser removidos de sus cargos o pasados al retiro.
