ERP. “Vamos a impulsar que la Contraloría tenga una cultura preventiva que acompañe al gestor público para evitar el mal uso de los recursos públicos”, anunció el contralor general César Aguilar durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso, donde expuso los resultados de la auditoría a la Cuenta General de la República del año 2023.
“Nosotros hemos idealizado al control concurrente como la única forma de control e intervención de las acciones de control que pueda haber, pero esto no es así, ya que tenemos 12 formas de acompañamiento que hace la Contraloría”, puntualizó.
Durante su presentación, el contralor general explicó que la auditoría comprende el análisis de seis componentes, de los cuales el primero se denomina “Cobertura y Cumplimiento”, donde se incluyó información de 2510 entidades públicas integradas de los tres niveles de gobierno, empresas estatales y organizaciones que administran recursos públicos.
Esa cantidad representa el 99.3% del universo (2527) de entidades públicas, por lo que hay 17 en condición de omisas, (0.7% del universo), de las cuales, nueve son empresas no operativas, tres son empresas en proceso de liquidación, cuatro entidades del gobierno nacional y una de gobierno local.
Sobre el segundo componente, denominado “Sector Público Consolidado”, el titular de la Contraloría señaló que se han efectuado 446 auditorías por parte de las entidades del Sistema Nacional de Control, de las cuales 227 son financieras y 219 presupuestarias. En lo que respecta a la información financiera del sector público consolidado, se auditó el 66.5% del total de activos, el 78.6% de los ingresos y 74.4% de los gastos. En lo que respecta a la información presupuestaria se auditó el 66.2% del total de ejecución de los ingresos y el 70.6% de la ejecución de gastos.
En ese sentido, manifestó que la opinión de los auditores independientes respecto a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2023 fue calificada con “salvedades”, mientras que respecto a los estados presupuestarios consolidados fue calificado como “limpio”.
Aguilar Surichaqui reveló que los dictámenes de los auditores sobre los estados financieros de los pliegos que forman parte de Cuenta General de la República, al 31 de diciembre de 2023, señalan que existen limitaciones, sobreestimaciones y subestimaciones, por un importe total de S/ 87 286 millones, que representa el 6.4% del total de activos al cierre del año pasado.
“Si desglosamos este ítem vemos que el estado de situación financiera de la Sunat, como captadora al 31 de diciembre de 2023, incluye cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a largo plazo e ingresos diferidos por S/ 6713 millones, S/ 836 millones, S/ 1647 millones y S/ 444 millones, respectivamente, que no fueron validados por restricciones al acceso del sustento de las notas de contabilidad que acrediten los movimientos de la información financiera que contiene la deuda tributaria vinculada al RUC del contribuyente. No tuvimos acceso”, refirió.
Análisis de inversión pública
El contralor también se refirió al tercer componente de la auditoría a la Cuenta General de la República 2023 que comprende un análisis de la inversión pública, y recordó que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para la inversión pública del 2023 ascendió a S/ 69 717 millones, siendo inferior solo en S/ 4 millones respecto al PIM del 2022.
“De este presupuesto, se ejecutaron S/ 52 567 millones, es decir el 75.4%. En tanto que la no ejecución fue de S/ 17 150 millones (24.6%). En relación a la ejecución financiera, el gobierno nacional tuvo mayor eficacia, ya que ejecutó el 90.3%, equivalente a S/ 20 644 millones, mientras que los gobiernos regionales ejecutaron 78.2% equivalente a S/ 10 563 millones, los gobiernos locales ejecutaron el 61.7% equivalente a S/ 17 912 millones”, acotó.
Sobre el presupuesto para inversión pública no ejecutado, indicó que ello corresponde principalmente a los gobiernos subnacionales, ya que no tuvieron un buen nivel de eficacia en dicho gasto, tal como ocurrió en 2021 y 2022.
En el caso del gasto social, el titular de la Contraloría mencionó que en el 2023 este gasto fue equivalente a S/ 113 328 millones, lo significó un aumento de 3.1% respecto al año previo. Sin embargo, enfatizó que la distribución del gasto social por departamentos no respondió a criterios de pobreza y pobreza extrema, ya que el 34.3% (S/ 38 835 millones) de ese gasto social se concentró en Lima Metropolitana.
“Mientras que a los cinco departamentos más pobres del Perú, como son Cajamarca, Loreto, Pasco, Puno y Huancavelica se les asignó solo el 14.3% del gasto social”, reveló. A esto añadió que la evaluación de los indicadores sociales en el Perú refleja un deterioro en la situación de la población peruana y al año 2023 habían 9.8 millones de personas consideras pobres, de los cuales 1.9 millones están en pobreza extrema.
“Esto refleja que se retrocedió más de una década en la lucha contra la pobreza, según cifras del INEI. No obstante, el gasto social sigue creciendo de manera casi constante desde el 2021 y el gasto social per cápita es 30% mayor al 2019”, subrayó.
Recomendaciones
A fin de superar las situaciones advertidas, se emitieron recomendaciones como, por ejemplo, al Congreso de la República se le sugirió evaluar la normativa que regula los aspectos de falta de acceso a la información por el principio de reserva tributaria de la Sunat, a fin de plantear modificaciones legislativas que contribuyan a que los registros contables y la información financiera de dicha entidad, sean auditables y se permita acceder a esa información, con la finalidad de transparentar su contenido, sin vulnerar el principio de reserva tributaria.
Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se recomendó disponer que la Dirección General de Contabilidad Pública establezca mecanismos necesarios para que se incorpore el análisis de los aspectos económicos que incluya un diagnóstico sobre las finanzas públicas, de la contracción de la economía y las medidas adoptadas por el gobierno, tanto en materia de ingresos como de gasto, y en materia de endeudamiento. También se le recomendó establecer mecanismos necesarios para analizar y presentar el gasto social bajo un enfoque de resultados de la política social en torno a intervenciones públicas.
Mea culpa
Ante los congresistas de la comisión, el titular de la Contraloría hizo un mea culpa por parte de la responsabilidad que tiene el máximo ente del Sistema Nacional de Control en la paralización de obras públicas. “Tenemos que hacer un mea culpa porque parte de esta paralización se debe también a un indebido acompañamiento que ha hecho la Contraloría durante el tiempo anterior”, subrayó.
