ERP. El Congreso de la República formó la comisión que se encargará de proponer al nuevo Defensor del Pueblo en reemplazo del abogado Walter Gutiérrez Camacho, quien tiene su mandato vencido. Durante los últimos tiempos, el aún funcionario tomó partido, sin corresponderle, inclinándose por la vacancia presidencial y otros hechos que ponen en tela de juicio su independencia e imparcialidad.
Walter Gutiérrez, es quizá entre todos los que ejercieron este cargo, el más evidente en una posición partidaria. Este hecho, debe llevar a los peruanos y peruanas a esperar que el Congreso de la república, elija entre los profesionales peruanos, uno que mantenga imparcialidad frente al poder o posiciones políticas y que se centre en cumplir a cabalidad con sus funciones y competencias.
De acuerdo al artículo 162° de la Constitución Política del Perú “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”.
Asumir el desempeño del cargo, más con una posición política, que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, lo descalifica como funcionario y le resta idoneidad. Lo escuchado y visto respecto a Walter Gutiérrez no debería repetirse, por el respeto a la institucionalidad del país, y la garantía de peruanos y peruanas a tener un ente que defienda sus derechos.
Por lo pronto, el pleno del Congreso, definió formar una comisión especial para la elección del defensor del pueblo. La cual estará presidida por la titular del Congreso, María del Carmen Alva Prieto e integrada por los voceros, Waldemar Cerrón Rojas; Wilmar Elera García, a nombre de Somos Perú, y Hernando Guerra-García, por Fuerza Popular. Asimismo, José Luna Gálvez, de Podemos Perú; Ruth Luque, de Juntos por el Perú; Jorge Montoya, de Renovación Popular, y Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso.
La comisión especial, igualmente integra a Elvis Vergara, de Acción Popular; José Williams Zapata, de Avanza País, y Carlos Zeballos, por Perú Democrático. La comisión es amplia y comprende las diversas posiciones políticas que se tiene en el Congreso; sin embargo, queda claro, que la decisión es el resultado no solo de la propuesta y las calidades del propuesto, sino del consenso para lograr la elección.
El cargo de defensor del pueblo es por un periodo de cinco años. Walter Gutiérrez debió de dejar esta función el 7 de setiembre del 2021, pero, como sucede igualmente con otros cargos, no se tiene ni los consensos ni la celeridad para dar alternancia a cargos de esta naturaleza. Más aún, la situación de su permanencia es criticada por los desatinos en sus declaraciones que evidencian su posición política.
Defensoría del Pueblo, ha sido una institución muy valiosa en defensa de los derechos humanos de los peruanos y peruanas y su labor reconocida por la vigilancia de los actos de la administración pública. En tal sentido, un funcionario que se alinea a posiciones de carácter político, no puede descalificar a la institución en si y a la idoneidad de otros funcionarios que cumplen su función de manera diferente.
En tal sentido, se espera que pronto se tenga a un Defensor del Pueblo, con las credenciales democráticas y que se centre en seguir construyendo una institución alejada de las inclinaciones partidarias y que se dedique por entero a ser una garantía en la defensa y protección de peruanos y peruanas respecto a sus derechos constitucionales.
