ERP. Esta semana continuará la audiencia pública que se realiza para determinar si Keiko Sofía Fujimori, es enviada a prisión por 36 meses y con ella otros integrantes de su organización política acusada de lavado de activos. En esta actividad judicial, tienen un rol protagónico el Fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho quien será el que resuelva en primera instancia.
En un país donde la administración de justicia se encuentra infestada por malas prácticas, podría ser predecible que se determine la prisión preventiva en primera instancia y se modifique la segunda, conforme se observó en el caso de los socios de la empresa Odebrecht. Situación diferente enfrentó Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes se pusieron a derecho y para su excarcelación se tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional.
Tras los primeros días de audiencia, el juicio mayoritario de muchos peruanos es reconocer la solidez de los indicios o motivos de convicción que tiene el Fiscal Pérez. Su extensa exposición en el caso de Keiko Fujimori, permitió entender los cargos en contra de los líderes de Fuerza Popular y la manera díscola de ‘pitufear’ los aportes externos para financiar la campaña electoral del 2011.
En esta dinámica, los autores materiales no tuvieron ningún cuidado e incluso comprometieron a muchos de sus familiares, situación que los ha llevado a decidir ser colaboradores eficaces, una decisión que los sustraería de una condena posterior. El caso ha creado alta tensión por la forma como estuvo estructurada esta organización, la cual no solo tuvo el dinero para realizar una millonaria campaña, sino igualmente la capacidad para contar con abogados patrocinadores de buen nivel para su defensa.
Pese a todo ello, el Fiscal José Domingo Pérez, ha demostrado una valentía impropia en funcionarios de esta naturaleza. Pese a ser un fiscal de menor jerarquía ha sido valiente para cuestionar actos que vinculan al propio Fiscal de la Nación. Ha expuesto con claridad sus argumentos del porqué la prisión preventiva para los investigados, situación que garantizaría continuar sin obstaculizaciones la investigación respectiva.
Si bien es cierto que los investigados en todo momento vienen negando ser autores de lo que se les acusa, en el caso peruano el mentir en audiencias no es propiamente un delito y lo hacen recurrentemente. Desde el delincuente más cruel, hasta el político más avieso, usan la negación como argumento de defensa; es difícil que alguien, incluidos los actuales investigados, acepten la realidad de los hechos.
La tensión y el intercambio verbal de defensores y Fiscal son bastante tensos. Esta semana se continuará con la audiencia y se espera que se determine la verdad y se resuelva conforme corresponde. Ha quedado demostrado que los conformantes de esta organización política, realizarán todas las estratagemas para evitar la prisión preventiva.
La situación es tensa y la búsqueda de normalidad en el país viene creciendo. No se puede seguir inmerso en una conflictividad generada por Fuerza Popular y no tener las herramientas legales para acabar con toda esta crispación política. El Perú requiere retomar los valores democráticos que abandonaron quienes ahora pretender decir que están dispuestos para el diálogo y el consenso.
La destrucción de las instituciones fue el legado del nefasto gobierno de Alberto Fujimori; el camino de destrucción actual va hacia la misma situación. Eso no debe avanzar.