ERP. La Municipalidad de Piura, la misma que se encuentra dirigida por el médico Oscar Miranda Martino, ha sido el centro de un operativo fiscal para intervenir a presuntos mafiosos, que estarían operando en sectores sensibles como es el de transportes. El procedimiento es sencillo, la Policía Nacional interviene e interna unidades móviles, la municipalidad a través de sus funcionarios regulariza el asunto administrativo y todo vuelve a la normalidad.
Lo que aparentemente podría ser un tema sencillo, pero de alguna manera oneroso, es usado por personas inescrupulosas para facilitar procedimientos de solución más livianos, como aparentemente ha sucedido con la empresa de Transportes Pedregal. Adicionalmente se dice, que se establecen cupos que vía chantaje van recaudando mes a mes con la finalidad de lograr ingresos más allá de los legales.
Uno de los detenidos, es un trabajador edil con 11 años de trabajo en la institución y el otro que se encuentra huido, es un trabajador de confianza contratado por la actual gestión municipal. Más allá de quien lo contrató, este tipo de actos son individuales y es probable que no comprometen al alcalde Oscar Miranda Martino, aunque las ramificaciones podrán decir el nivel de implicancia en toda la organización.
En tal sentido, se espera que el Ministerio Público complemente la labor iniciada, devele lo que existe en la caja fuerte del detenido, persiga y detenga al fugado y que los denunciantes provean toda la información que se requiere para juzgar el caso como corresponde, sin perjudicar a un inocente si lo es y aplicando todo el peso de la Ley, si alguien es encontrado culpable.
La corrupción en sus diversos niveles es un asunto estatal de difícil resolución. Lo vemos en el caso ODEBRECHT donde presumiblemente estén comprometidos Toledo, Alan García y Ollanta Humala, además de funcionarios de menor jerarquía y también, como el caso de la Municipalidad de Piura, cuya intervención fiscal de alguna manera refleja la actitud positiva para identificar y detener a quienes infrinjan la norma y las buenas costumbres.
Lo cierto, que cuando se ejerce el poder y se tiene la potestad discrecional de resolver asuntos que tienen que ver con requisitos, procedimientos y pagos, siempre existirán personas que construyen redes, y que establecen formas aviesas para sacar beneficio personal. Sucede en la Policía Nacional del Perú e incluso Ministerio Público, por ejemplo cuando un conductor es encontrado manejando en estado de ebriedad.
En tal sentido, es encomiable que el Ministerio Público en esta oportunidad, haya realizado un operativo para encontrar mayores elementos que confirmen una denuncia pública. Aunque siempre el acusado dirá que es inocente, las penas draconianas que existen para ciertos delitos, muchas veces lleva al temor del acusado, a facilitar una confesión sincera y por lo tanto, a descubrir los hilos mafiosos que se instalan en una entidad pública.
En Sullana, existe un caso donde los transportistas tienen identificado a un presunto infractor municipal, hábil para la zamarrada y para el chantaje; no lo denuncian, nos expresan por temor a encontrar obstáculos a su procedimiento y caen en sus presiones otorgándole prebendas que permiten se mantenga en el cargo. Lo acontecido en el área de Fiscalización en Piura, es de alguna manera un aviso para otras municipalidades y se encuentren más observantes de los actos de sus funcionarios.
El control interno, y sobre todo la acción de los órganos de control, son los mecanismos que pueden anteponerse para estar atentos y vigilantes al funcionamiento de la administración edil. Luego de ello, las instancias exógenas pero competentes para investigar delitos, pueden y deben usar la inteligencia y la información obtenida por este medio, para no permitir que redes mafiosas se enquisten en estas instancias en perjuicio del administrado.
Si bien es cierto, la Municipalidad de Piura no es conducida o dirigida con eficiencia y con mucha transparencia, si requiere por su nivel de importancia garantizar servicios públicos honestos y previsibles. Acciones como las sucedidas en el área de Fiscalización, no hacen nada bien a la imagen institucional que en concepto debería ser prístina y transparente.
