ERP. (Por: Carlos Amaya Hernández1) La semana de representación congresal vuelve a ser tema de polémica y cuestionamientos con relación al uso que le dan los parlamentarios, sobre todo en un contexto de abrumador rechazo ciudadano al actual Congreso.
Hace unos días se dio a conocer que el congresista Miguel Castro de Alianza para el Progreso (APP) había presentado un informe sustentando las actividades que realizó durante la semana de representación del mes de junio. La labor debió realizarse del 24 al 28 de junio, sin embargo, se denunció que solo pasó tres días en la región de Amazonas, pues el 24 de junio a las 10:54 a.m. fue visto en un gimnasio de Surco, Lima.
El congresista en una entrevista en Radio Programas del Perú (RPP) indicó que el Congreso habilitó los pasajes para el día 26 de junio y que los días 24 y 25 pudo haber estado en cualquier otro lugar. Precisó que no ha mentido ni falseado la información, y que en todo caso es una falta al trabajo; finalmente señala que no dará cuenta de las actividades que realizó los días 24 y 25 pues pertenecen a la esfera personal.
Dr. Carlos Amaya Hernández | Articulista Diario El Regional de Piura
La semana de representación congresal es un tiempo determinado con un cronograma mensual de cinco días hábiles consecutivos por mes, para que cada legislador viaje a su región de origen o a cualquier otro lado del país (desnaturalizándose su esencia) para relacionarse con los ciudadanos con el fin de recoger sus necesidades y demandas.
El Reglamento del Congreso de la República, en el artículo 23°, inciso f), atribuye el carácter de obligatoriedad a esta función y la incorpora como parte de los deberes funcionales de los congresistas, en tanto, tiene por finalidad recoger toda la información necesaria, a nivel de todo el país, para mejorar la producción legislativa.
Desde hace tiempo atrás este tema resulta problemático, pues existen parlamentarios que no cumplen con presentar los informes que sustenten la actividad desarrollada, pues a veces no realizan el viaje y, por ende, la semana de representación termina siendo “un saludo a la bandera”.
Sin embargo, el Congreso les otorga un bono de S/.2,800.00 soles netos, adicional a la remuneración mensual que perciben. Este monto cubre los gastos que irrogue su estadía en dicha semana, aparte del presupuesto en pasajes aéreos que demanda el desplazamiento a su región de origen.
Existen algunos casos en los cuales el informe reseña como actividades realizadas, la publicación de “tuits” en la semana, entrevistas en prensa o la asistencia a alguna actividad.
El Reglamento del Congreso no limita en absoluto la forma y modo de sustentar este bono, es más, no existe obligación de rendición de cuentas y por ello, si un congresista solicita su pasaje y cobra los S/.2.800.00, si no hace nada, no pasa nada. Por supuesto, los parlamentarios de este Congreso se niegan a eliminar este bono y mucho menos tienen el interés en suplir los vacíos legales que tiene el Reglamento, que permitan que la gestión congresal adquiera mayor legitimidad y que ello, prevenga actos de corrupción y la malversación de los fondos públicos.
La función congresal tiene un nivel de rechazo abrumante. Muchos parlamentarios no tienen cercanía con los ciudadanos y ello contribuye al nivel de desconfianza que existe entre representantes y representados, aunado a la casi inexistente producción legislativa.
La semana de representación se ha convertido en un aumento de remuneración de los “Padres de la Patria”, dejando de lado los principios de Transparencia, Rendición y Presupuesto Público que rigen la gestión pública. El bono de representación es un derroche de dinero pagado por todos los peruanos, muchos de ellos, trabajando mes a mes por una remuneración mínima vital; un bono que, si fuera medido en base a los indicadores de presupuesto por resultados, no tiene ningún efecto positivo más allá de aumentar la remuneración de los congresistas.
En este aspecto urge la revisión de la “semana de representación”, pues quizá dichos recursos pueden ser mejor utilizados en otros sectores. Lamentablemente, los propios afectados con la eliminación o reducción no lo plantearían, pero de alguna u otra forma, es necesario hacer sentir nuestra voz de protesta para así lograr que, en algún momento de nuestra democracia, seamos representados por personas con verdadera vocación de servicio.
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- Dr. Carlos Amaya Hernández, abogado
