ERP/Juan Aguilar Hidalgo. En los últimos días venimos siendo testigos de muchos cuestionamientos a diferentes compras realizadas por el Gobierno del ex Presidente Ollanta Humala tales como, Satélite Perú SAT-1 (lanzado exitosamente al espacio anoche), armamento comprado bajo la etiqueta de “secreto” por razones de seguridad nacional, y los patrulleros de la marca koreana Sang Yong para la PNP. ¿Qué está pasando con el sistema de compras del estado?.
Este tipo de cuestionamientos no son ajenos a casi ningún gobierno democrático, recordemos Alan García y los Mirage o el Tren Eléctrico en su primer gobierno, Fujimori y los aviones Sukoy que a decir de los entendidos nunca volaron, uniformes de la policía de calidad cuestionada en el Gobierno de Toledo, etc.
Si vamos a los gobiernos regionales y locales la historia es la misma, tal vez cambien los montos involucrados en las compras, pero siempre aparecen vicios, señales de cosas mal llevadas, de corrupción, de presencia del “maldito” diezmo, cáncer que consume a la administración pública, y que se ha vuelto una práctica común, donde malos funcionarios públicos y malos empresarios se coluden, sin importar más que sus propias ganancias (mal habidas por cierto), no existe el bien común, la obra pública bien hecha, prestar un servicio de calidad no, eso no importa.
Las compras estatales tienen muchas aristas, bajo el fantasma de la corrupción se han puesto muchos “candados” por ejemplo, límites para compras directas superados ciertos montos hay que ir a procesos engorrosos, que demandan tiempo y esfuerzo y son en mi opinión este tipo de cosas de lo que aprovechan los sistemas de corrupción para hacer de las suyas.
El asunto debería ser muy simple, una vez identificada la necesidad, se elaboran los términos de referencia para adquirir el bien o servicio y seguidamente se debe hacer público a los proveedores y comprar a quien ofrece el mejor precio. Claro parece que así está concebido el tema, pero es curioso que casi siempre los bienes y servicios y obras se adquieran a montos mayores al 100%, cercanos al límite del 110% permitido. Según expertos alrededor del 15% del presupuesto público se pierde en la corrupción.
Las compras deben transparentarse ampliamente, dejar que exista libre competencia, que se compre en base a criterios bien establecidos y al mejor precio, quitándoles el poder a los benditos comités de adquisiciones que terminan siendo el primer filtro que valida la corrupción.
Sin embargo, hay tareas pendientes, una de ellas es que no tenemos un sistema de control eficiente, la Contraloría ha sido rebalsada en sus capacidades, el centralismo contribuye a ello; y lo que es peor no tenemos un sistema eficiente de sanciones que permita juzgar y castigar a corruptos y corruptores, los sistemas de administración de justicia no están funcionando. La Fiscalía y el Poder Judicial están en deuda.
