ERP. El domingo 21 de febrero, la Policía Nacional del Perú detuvo a un sujeto apodado Caracortada, quien, a juzgar por un video que distribuyó en redes sociales, vivía de cobrar cupos a vendedores ambulantes venezolanos, quienes han hallado un sustento en esa actividad lo mismo que muchos peruanos; pero la detención fue más allá de lo que parece un esquema puramente extorsivo.
Por Nelson Peñaherrera Castillo
El 24 de enero, el venezolano Orlando Abreu, abogado de profesión, 26 años, fue asesinado a balazos. Hasta donde sabemos, se dedicaba a vender frutas y verduras como ambulante en los alrededores de un mercado en Trujillo, La Libertad. Poco después, alias Caracortada mostraba en el video que él había ejecutado el ilícito y que su objetivo era precisamente los migrantes. Rastrillaje de una pistola ante la cámara, por si quedaban dudas.
El clip alarmó a la comunidad migrante viviendo en Perú, y mucho más luego que una aparente respuesta se produjo en Medellín, Colombia. El ex estibador Silvano Cántaro, peruano, 19 años, dedicado al comercio de ropa hasta donde sabemos, fue lanzado al vacío desde un puente vehicular por sujetos presuntamente venezolanos. La policía colombiana está investigando el caso.
Silvano Cántaro.
Por ahora, solo tiene como evidencia un video presuntamente grabado por uno de los victimarios que luego subió a Tik tok, y de allí se diseminó por los mensajes privados de varias redes sociales. Como dato macabro, antes de ser asesinado, los victimarios preguntaron a Silvano su nacionalidad: “Soy de Huánuco, Perú”, dijo la víctima. Según la cadena CNN en Español, no hay más evidencia debido a que el homicidio habría sido cometido en una zona rural, fuera del alcance de alguna cámara de vigilancia.
Durante la segunda semana de este mes se supo que un repartidor a domicilio, venezolano, fue baleado en la ciudad de Lima aparentemente por personas que parecieron tenderle una celada, y en la llamada diáspora se temió una escalada de violencia basada en el delictivo formato de ‘un venezolano muerto, un peruano muerto’. Y toda esta suerte de ley del Talión, maquinada por el lumpen de ambas --¡ambas!—nacionalidades a manera de psicosocial.
El domingo 21 de febrero, la afamada librería El Virrey de Lima publicó un inquietante trino en Twitter informando que entre sus repartidores a domicilio tiene a dos venezolanos a quienes habría instruído que a la menor evidencia de un ambiente inseguro para realizar su trabajo, se den media vuelta y salvaguarden su vida. A renglón seguido, El Virrey declaró que la política de su negocio es rechazar todo tipo de discriminación.
Migración, discriminación y respuesta gubernamental
Para quienes crean que El Virrey exagera o que solo es una maniobra de relaciones públicas, les recuerdo, por enésima vez, que el artículo 323º del Código Penal tipifica el delito de discriminación, y cita a la “diferencia racial, étnica…” (se entiende por tu apariencia o la comunidad a la que perteneces) como una causal que podríamos englobar semánticamente en el concepto de ‘origen’ o ‘procedencia’.
La xenofobia, la psicopatología o enfermedad mental que consiste en discriminar negativamente –si me permiten el adjetivo adverbiado—a una persona por su nacionalidad es discriminación por origen o procedencia. Quienes me siguen fielmente, saben que esto no lo pienso de ahorita sino ya de hace décadas, en especial desde que comencé a escribir columnas aquí, en El Regional de Piura.
Y quienes me siguen, saben cuál es mi postura respecto a la migración: no la veo negativa siempre que se desarrolle de manera ordenada, y ahí es donde nuestro gobierno debe poner las reglas que equilibren el trato humanitario que esta gente se merece en tanto escapa de una dictadura que les mata de hambre, si es que no les mata por no ser chavistas, pero que tampoco ponga en riesgo ni nuestra seguridad externa ni mucho menos interna. Uff, menudo dilema.
Dicho en sencillo: si un o una migrante viene a comenzar de cero en este país generando beneficios a nuestra comunidad, independientemente del trabajo que realice (siempre que sea legal, quiero decir), que venga, que se integre, que sea parte nuestra. Finalmente, todos y todas somos migrantes, incluído quien firma esta columna, y encima con un apellido de origen ecuatoriano por la rama paterna, así que ni se me ocurra tirar piedras a mi techo que es de vidrio.
Pero, si el o la migrante quiere venir acá a hacer su ley, y encima esta ley se basa en el abuso, la delincuencia o el perjuicio, lo siento mucho, lo regresamos de donde vino y lo marcamos para que no entre otra vez; y si lo hace y lo atrapan, al bote. Y aquí entran todas las nacionalidades existentes y las que falte por crear. Y me alegra saber que este mismo concepto lo tienen los y las migrantes que han llegado a buscarse la vida a la legal; entonces, por ahí tenemos un lindo consenso en el que podemos asentarnos.
Dicho sea de paso, si analizamos las noticias policiales sin apasionamiento, notaremos que muchos de los actos delictivos en nuestro territorio (especialmente Lima) son perpetrados por grupos en los que hay por lo menos una persona de otra nacionalidad aparte de la peruana. ¿Es el peruano menos culpable por ser peruano? No, en principio.
La ley es igual para todos y todas
Así que del mismo modo que exigimos aplicar todo el peso de la justicia cuando un o una compatriota nos hace daño, la exacta misma regla aplica cuando un extranjero o una extranjera actúan de la misma forma; entonces, bajo esta premisa, si se comprueba que alias Caracortada cometió algún delito, que pague por él. Y si alias Caracortada no fuese peruano sino de otra nacionalidad, exactamente lo mismo.
Quienes son peruanos o peruanas viviendo fuera del país y me leen, saben de más que el mismo criterio se aplica para ellos, ellas y los y las naturales de esa nación, cualquiera que sea. Particularmente yo pienso que en el tema delictivo no hay los tuyos, los míos y los nuestros; delincuente es delincuente siempre, y sus inconductas, en tanto estén tipificadas en los códigos correspondientes, merecen una sanción por igual.
Ahora bien, sí comparto con la comunidad venezolana en Perú el mismo temor de que ese formato de ‘un venezolano muerto, un peruano muerto’ se convierta en una escalada. Eso no es un acto de justicia bajo ningún concepto porque la justicia la hacen las instituciones del ramo, no las personas naturales por su cuenta y riesgo.
Sin embargo, en lo que toca al capítulo peruano, sí creo que vale la pena instar a la Policía Nacional para que active sus redes de inteligencia, que sus criterios para prevenir o intervenir los ilícitos sean equilibrados y equitativos en todo el sentido de la palabra, y que toda la gente sienta que vive en un estado de derecho sin importar su origen.
Por lo demás, me sigo solidarizando con la comunidad migrante en la medida en que sus dramas humanos no son particulares de este lado del mundo (quizás cambian los detalles), pero el fondo del asunto es el mismo que en toda la redondez del planeta. En todo caso, más que enfrentarnos entre quienes tenemos DNI y quienes tienen cédula o carnet de extranjería, lo que creo es que debemos sentarnos a pensar cómo hacemos de este espacio, algo seguro y próspero para todos y todas.
Encima, tenemos un enemigo común que combatir, y sabemos cuál es; entonces, o evolucionamos en la historia, o cuando la tortilla se voltee, recordaremos cómo actuamos en el presente y entenderemos si lo hicimos bien o mal. Todo es cíclico en esta vida. Si lo sabré yo.
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