ERP. Una vez más, el abogado William Martín Córdova Peña, presentó una denuncia ciudadana ante Contraloría General de la República, para que proceda a realizar la acción de control respectiva, por el acto administrativo donde se habría devengado de “manera dolosa y fraudulenta” los recursos de los programas sociales y que comprometería al alcalde Nelson Mío Reyes y otros funcionarios municipales.
El mismo documento y con los argumentos debidos, según indica el denunciante, fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Piura, solicitando a ambas instituciones una investigación profunda sobre el caso, considerando que existe una presunta manipulación y fraude contable en el registro de devengados de los recursos asignados para los comedores de la provincia de Morropón.
Según Córdova Peña, en información registrada en el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas se evidencia un gasto devengado al 31 de diciembre del 2019 de más de 868 mil soles, para el Programa de Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues. De igual manera más de 74 mil soles para el programa de Alimentos y Nutrición de Pacientes con Tuberculosis.
Denuncian ante Contraloría a Nelson Mío Reyes
Estos gastos no solo habrían sido devengados, sino igualmente girados al 31 de diciembre del 2019; sin embargo, precisa el denunciante, que, al 3 de enero del presente año, se dispone la nulidad de la subasta inversa para la contratación de estos bienes; lo que llevaría a deducir que se realizó un pago, por una compra de bienes cuyo proceso se realizó sin las formalidades legales.
De acuerdo a la recomendación del Tribunal de Contrataciones de la OSCE, este proceso debería retrotraerse a la etapa de convocatoria, previa formulación de las bases de conformidad con lo dispuesto en la resolución de dicho órgano.
Debido a las inconsistencias y presunto dolo incurrido por el alcalde Mío Reyes y varios de sus funcionarios, solicita que se realice una proficua investigación y se determinen responsabilidades. Precisa, que pese a observarse una ejecución significativa, no existe “contrato con ningún proveedor por la adquisición de conservas”.
