ERP. Altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de Perupetro, en compañía de las autoridades y sociedad civil del distrito de El Alto, corroboraron durante un recorrido en distintos puntos de la ciudad, que la vida de ciento de moradores alteños están en latente peligro debido a que sus viviendas se encuentran ubicadas a pocos pasos de quince pozos petroleros que se encuentran abandonados y sin sellar por más de diez años, por lo que piden que los pasivos sean clausurados y así sus autoridades ediles puedan ejecutar proyectos de expansión urbana y de saneamiento.
La constatación de los pasivos ambientales, se desarrolló luego que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de Perupetro, sostuvieron un diálogo con las autoridades y sociedad civil alteña para buscar propuestas que tengan como finalidad la de incluir al distrito en la masificación de gas a domicilio por ser una de las principales ciudades del norte del país que es productora de dicho elemento.
Culminada la inspección, el alcalde distrital Jimmy Montalván Campaña, declaró que la directora de la Dirección de Gestión Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Patricia Mercedes Gallegos Quesquén, le ha informado que el sector viene elaborando los términos de referencia del “Plan de Abandono” de los pozos que se encuentran en el distrito, para así realizar la respectiva convocatoria que tengan como finalidad la de ejecutar los trabajos de sellado de los pozos petroleros.
“Los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de Perupetro, han corroborado que hay miles de familias que viven en constante peligro debido a que sus viviendas están ubicadas a unos pasos de pozos abandonados y sin clausurar. Nosotros no podemos poner en marcha un proyecto de expansión urbana ni de saneamiento hasta que a través de un Plan de Abandono, estos pozos sean clausurados definitivamente. Esperemos que este plan sea aprobado antes de que culmine la concesión de operaciones en los lotes petroleros, caso contrario se podría originar un nuevo conflicto social contra el Estado Peruano", indicó.
