ERP. La Defensoría del Pueblo, en oficio dirigido al viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Paúl Caiguaray, solicitó viabilizar de forma prioritaria el financiamiento destinado a las acciones de reducción de riesgos y preparación en la región Piura, ante las lluvias inminentes y el posible fenómeno El Niño (FEN). De esta manera, se podrá salvaguardar la vida de la población y sus medios de subsistencia.
Cabe recordar que, de acuerdo con cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, al 14 de junio del presente año, en Piura se habían registrado 16 personas fallecidas, 2 desaparecidas, 27 403 damnificadas, 28 0251 afectadas, además de reportarse 2245 viviendas destruidas, 7884 inhabitables, 100 059 afectadas, entre otros daños a la infraestructura pública y privada, áreas de cultivo y ganadería.
En esa línea, la región, junto a otras, fue declarada en estado de emergencia nacional el 26 de marzo con un plazo de 60 días para ejecutar medidas de respuesta y rehabilitación; de la misma forma, el 10 de junio, 855 distritos en diversas regiones, incluyendo a Piura, fueron declarados en estado de emergencia ante la inminencia de precipitaciones pluviales y posible fenómeno El Niño.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo conoció que el Gobierno Regional de Piura solicitó a la PCM el financiamiento respectivo para intervenciones en diversas cuencas y obras estructurales de mantenimiento y protección. Sin embargo, a la fecha, no ha sido materializado dicho pedido, pese que el Senamhi, ANA e Indeci identificaron población y viviendas, vías de comunicación, infraestructura de salud, de educación, áreas agrícolas, entre otros, que requieren una acción inmediata para evitar una afectación mayor.
Ante ello, la institución ha solicitado al Viceministerio de Gobernanza Territorial acciones prioritarias para financiar las intervenciones señaladas y ya solicitadas por el Gobierno Regional de Piura, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta las zonas de mayor exposición a las lluvias intensas 2023-2024 y FEN.
Además, se le ha pedido priorizar acciones de conducción y supervisión del adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y formular un plan multisectorial 2023-2024, para una mayor articulación y preparación ante fenómenos de origen natural. Ello permitirá minimizar los riesgos, considerando especialmente aquellas zonas críticas cuya población es altamente vulnerable.
La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante para que se cumplan estas acciones, que tienen como fin principal la protección de la persona humana como eje central de la gestión del riesgo de desastres. La defensa de la vida, la integridad física y el medio ambiente resultan claves en estas situaciones.
