En denuncia penal por lavado de activos
ERP. La denuncia presentada por el ciudadano Humberto Rodríguez Cerna, contra varios trabajadores y funcionarios de la Caja de Sullana, seguirá adelante al haberse desestimado acciones legales planteadas por los denunciados y que en primera y en segunda instancia se ha declarado la “improcedencia de la tutela de derecho y habeas corpus que buscaba archivar denuncia de lavado de activos”.
La denuncia, considera a funcionarios de la Caja Sullana, trabajadores y parientes, quienes deberán someterse a la investigación que deberá realizar el Ministerio Público; entidad que deberá concluir si los considerandos del denunciante son ciertos o no. Frente a los actuados, varios de ellos recurrieron mediante medidas cautelares para que se les sustraiga del proceso.
Mediante Resolución, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria- Sede Sullana se ha declarado improcedente la demanda de Habeas Corpus interpuesto por don Andrés Crisanto Lozada en nombre propio y a favor de doña Rosa Flores Castro, Carlos Crisanto Lozada, Clara Crisanto Lozada, Juan Carlos Rojas Quezada, Héctor Calle Ruiz y Sherly Manrique Calle Ruiz, contra el Titular de la Primera Fiscalía Superior Primera Fiscalía Superior Penal, César Rodolfo Aguilar Cosme.
Igualmente con otra resolución se ha declarado infundada la solicitud de Tutela de Derechos peticionada por la abogada de la investigada Rosa Imelda Flores Castro, en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de Lavado de Activos en agravio de la Caja Sullana habiendo sido confirmada por la Sala Penal de Apelaciones de Sullana.
Sobre este caso, el Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalía Supranacional de Lavado de Activos ha pedido copias certificadas de actuados, lo que permitirá intervenir si encuentra que la denuncia presentada tiene los méritos suficientes para ser asumida por la indicada Fiscalía Especializada.
Últimamente el denunciante Humberto Rodríguez ha solicitado a la fiscal Ana Silvia Sánchez Farfán, se inhiba de conocer el mencionado caso de Lavado de Activos por ser muy complejo y comprender a más de 100 personas y que además comprender a investigados que radican en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Sullana, Piura, Chiclayo, Talara, entre otras.
De acuerdo al escrito presentado, Rodríguez ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria y bursátil y del secreto de las comunicaciones de todos los denunciados y de sus parientes. Por tal motivo espera que la Fiscala a cargo del proceso, envíe todo lo actuado a la Fiscalía Supranacional.