ERP. Hace algunos lustros, como ocurre hoy, seguíamos con atención las incidencias de un proceso electoral. Concluido el cómputo, una candidata —convencida de que sería la ganadora— revisó los resultados de un distrito, analizó los votos nulos y ausentes, y encontró allí la explicación a su derrota. Con sorprendente convicción, afirmó que esos votos viciados le pertenecían.
Este tipo de reacción no es nueva. Se repite con indignación o desenfado: candidatos que confían en encuestas propias o percepciones sesgadas, que asumen que el electorado los respalda y, al no confirmarse, recurren a argumentos endebles para no reconocer la derrota. Así, la narrativa del fraude aparece como coartada.
En las elecciones de 2021, la bandera del fraude fue levantada por Keiko Fujimori y su partido. En el proceso actual, Rafael López Aliaga ha seguido una línea similar, esgrimiendo supuestas irregularidades para cuestionar los resultados. Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja: mientras López Aliaga concentra una alta votación en Lima y Callao, Roberto Sánchez Palomino obtiene respaldo mayoritario en gran parte de los departamentos del país.
Ser mal perdedor parece un rasgo recurrente en la política electoral. En lugar de reconocer los resultados y felicitar al ganador, algunos optan por desacreditar a las autoridades electorales e incluso al propio votante, lanzando acusaciones graves —como la participación de fallecidos en el sufragio— sin evidencia que las sustente.
Cabe recordar que el sistema electoral peruano avanzaba hacia su fortalecimiento institucional. No obstante, decisiones impulsadas desde el Congreso —identificadas por algunos como parte de un “pacto congresal”— debilitaron reformas clave, favoreciendo la fragmentación política y el control de las cúpulas partidarias, en detrimento de la representación ciudadana.
En este contexto, la dispersión del voto, impulsada por la proliferación de pequeños partidos, deja sin representación efectiva a amplios sectores de la población y termina beneficiando a las organizaciones con mayor caudal electoral, muchas de ellas promotoras del mismo sistema que hoy se cuestiona.
Resulta evidente que el mapa electoral es diverso y responde a dinámicas territoriales distintas. Reducir una derrota a una supuesta conspiración no solo distorsiona la realidad, sino que erosiona la confianza en la democracia. Las imperfecciones pueden existir en cualquier proceso, pero eso no equivale a la existencia de fraude.
Aún falta la proclamación oficial de los resultados de las elecciones generales de 2026. Sin embargo, todo indica que la narrativa del fraude seguirá ocupando espacios en plazas públicas y ciertos medios, muchas veces sin un análisis riguroso de los hechos. Lo que el Perú necesita, más que nunca, es madurez democrática.
Lo cierto que Fuerza Popular y su aliado aparentemente crispado de Renovación buscan sacar al imparcial jefe de la ONPE Pierto Corvetto Salinas y designar en su reemplazo a un funcionario obediente y pusilánime, como ya existe en otras entidades del Estado peruano. Se tiene que estar preparado para evitar el imperio del mal.
