ERP. Piura.— La reconstrucción de la Institución Educativa N.° 016 “Emilia García Bonifatti”, en el distrito Veintiséis de Octubre, se ha convertido en un caso que expone posibles fallas graves en la gestión de obra pública. Pese a una inversión que ya superaría los S/ 5.3 millones —por encima del presupuesto inicial de S/ 4.5 millones—, la infraestructura no ha sido entregada y enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas, técnicas y financieras.
La obra, adjudicada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación al Consorcio Zahyra —integrado por Sheref General Contractors S.A.C., Constructores Civiles y Portuarias S.A. y Ted Roly Gamarra Meza—, arrastra retrasos desde su inicio en 2023. Durante este periodo, más de 190 niños del nivel inicial continúan recibiendo clases en condiciones precarias, sin acceso a ambientes adecuados.
Indicios de desvío de fondos y disputa por el control financiero
Documentación presentada por denunciantes revela que, en 2024, el proyecto entró en una fase crítica. A través de adendas, se habría intentado modificar al representante común del consorcio y al operador tributario, lo que habría permitido redirigir pagos de la obra hacia nuevas cuentas bancarias. Este proceso habría incluido el uso de representaciones no vigentes y presuntas firmas irregulares, pese a que la propia entidad había establecido que cualquier cambio debía contar con la aprobación de todos los consorciados.
Las denuncias también señalan retrasos en pagos a proveedores y trabajadores, lo que agrava el conflicto interno y pone en evidencia debilidades en el control financiero del proyecto. A pesar de las alertas formales, no se habrían adoptado medidas oportunas para detener los procedimientos ni asegurar la transparencia en el uso de recursos públicos.
Contraloría advierte fallas técnicas y riesgos estructurales
El Informe de Hito de Control N.º 276-2024 de la Contraloría General de la República identifica múltiples situaciones adversas en la ejecución de la obra. Entre ellas, la participación de un supervisor sin habilitación vigente, ausencia de personal técnico clave y deficiencias en el proceso constructivo de elementos estructurales como losas, vigas y columnas.
Asimismo, se detectaron condiciones inadecuadas de seguridad y manejo de materiales, lo que compromete la calidad de la infraestructura. Estos hallazgos no solo evidencian fallas en la supervisión, sino que configuran un riesgo potencial para los estudiantes que ocuparían el plantel.
Entrega en evaluación y riesgo para la comunidad educativa
Pese a este contexto, se mantiene la posibilidad de entrega de la institución educativa, lo que ha encendido las alertas en la comunidad. Especialistas advierten que poner en funcionamiento una infraestructura con observaciones técnicas y antecedentes de irregularidades podría exponer a los estudiantes a riesgos innecesarios.
El impacto es directo: más de 190 niños han esperado por años una infraestructura digna y ahora enfrentan la incertidumbre de recibir un colegio cuya calidad ha sido cuestionada. La comunidad, en consecuencia, enfrenta una doble afectación: la demora prolongada y la falta de garantías sobre la seguridad de la obra.
Exigen intervención inmediata y transparencia
Frente a estos hechos, se demanda la intervención de las autoridades competentes para realizar una evaluación integral antes de cualquier recepción de la obra. Asimismo, se plantea la necesidad de investigar los indicios de presunta falsificación de documentos y desvío de fondos, estableciendo responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La eventual entrega del colegio, en las condiciones actuales, trasciende un procedimiento administrativo: implica una decisión que puede comprometer la seguridad de la niñez. En ese escenario, la transparencia, el control y la protección de los estudiantes se posicionan como prioridades ineludibles.
