ERP. La provincia fronteriza de Zarumilla, una de las más golpeadas por la delincuencia en el norte del país, mantiene paralizado un proyecto de seguridad ciudadana valorizado en más de S/ 8 millones, pese a la urgente necesidad de reforzar la protección de la población ante delitos como sicariato, extorsión, robo agravado y contrabando.
Así lo reveló la Contraloría General de la República del Perú durante el primer día de intervención del Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario 2026, liderado a nivel nacional por el contralor César Aguilar Surichaqui.
Según se informó, el proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana del distrito de Zarumilla”, ejecutado por la municipalidad provincial, fue iniciado en agosto de 2024 y culminado en marzo de 2025, incluso con su respectiva liquidación. Sin embargo, hasta la fecha no se encuentra en funcionamiento.
Entre las principales deficiencias detectadas, se reportó que de las 32 cámaras de videovigilancia instaladas, diez no operan y no han recibido mantenimiento desde su entrega, pese a que existía la recomendación de hacerlo dentro de los primeros tres meses para no perder la garantía.
Asimismo, la infraestructura presenta fallas como una electrobomba inoperativa que impide el adecuado funcionamiento del sistema de aire acondicionado para los servidores, deterioro en la pintura del edificio y problemas en los acabados del frontis.
El contralor Aguilar Surichaqui señaló que estos operativos buscan supervisar obras en sectores clave como infraestructura, salud, educación y seguridad ciudadana, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos y el acceso a servicios de calidad para la población.
Riesgos también en Aguas Verdes
Durante la intervención, el equipo de la Contraloría también se trasladó al distrito de Aguas Verdes, donde supervisó un proyecto de seguridad ciudadana valorizado en más de S/ 14 millones, actualmente en etapa de recepción y que beneficiaría a más de 20 mil ciudadanos.
No obstante, se identificaron riesgos como el uso de radio enlaces en lugar de fibra óptica para la conectividad de la central de videovigilancia, la falta de interconexión del sistema de reconocimiento facial con la RENIEC y la Policía Nacional, así como la ausencia de personal capacitado y de equipos como la central de GPS.
Cabe precisar que, mediante el Decreto Supremo N.° 045-2026-PCM, se declaró el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla por 60 días debido al incremento de la criminalidad, medida que constituye una prórroga de disposiciones adoptadas desde 2024.
El operativo de control en la región Tumbes se desarrolla del 20 al 24 de abril e incluye la inspección de obras y servicios en sus tres provincias, con el objetivo de alertar riesgos y mejorar la gestión pública en beneficio de la ciudadanía.
