ERP. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, a través de la fiscal Kharla Ivonne Cisneros Saucedo, logró que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia dictara nueve meses de prisión preventiva contra O. O. Y. C. (33). El imputado es procesado por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, en dos hechos distintos, y tenencia ilegal de municiones.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril de 2026. El primer incidente se registró en horas de la tarde, en las inmediaciones del colegio José Eusebio Merino y Vinces. El imputado, junto a otros sujetos a bordo de una mototaxi azul, habría interceptado a dos menores de 15 años (iniciales G.Y.G.M. y M.M.M.M.), a quienes amenazaron con un arma de fuego y realizaron tocamientos indebidos para despojarlas de sus mochilas y pertenencias.
Posteriormente, a las 8:00 de la noche del mismo día, el imputado habría participado en un segundo asalto en la zona industrial de Sullana. En esta ocasión, interceptaron a Sofía Mariel Villalta Febre y Yoselyn Marimar Mena Heredia, quienes se desplazaban en una motocicleta. Tras cerrarle el paso con la mototaxi y hacerlas caer, los sujetos intentaron sustraer el vehículo menor y un teléfono celular bajo amenazas de muerte.
La intervención fue posible gracias a la rápida acción de un efectivo policial que se encontraba cerca de la zona, quien inició una persecución logrando reducir a los ocupantes de la mototaxi azul de placa P6-9179. Durante el registro personal a Yarleque Castillo, se le hallaron cinco municiones calibre .380 auto sin percutir en su bolsillo, las cuales se encontraban operativas según el informe pericial. Asimismo, dentro del vehículo se recuperaron las mochilas y los documentos de identidad de las menores agraviadas en el primer atraco.
Durante la audiencia de flagrancia, la fiscal Cisneros Saucedo presentó fundados y graves elementos de convicción que vinculan al investigado con los delitos imputados. Entre las pruebas destacan: Actas de intervención, registro personal y vehicular; reconocimiento de las pertenencias por parte de las víctimas; declaraciones testimoniales de las cuatro agraviadas y de los efectivos intervinientes y el informe pericial de balística forense.
La fiscalía advirtió sobre la gravedad de la pena, que en un concurso real de delitos podría alcanzar los 35 años de pena privativa de libertad, y el inminente peligro de fuga debido a la falta de arraigo laboral estable y la cercanía de la ciudad con la frontera.
