ERP. Frente al anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros de negociar los plazos y términos del retiro y cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho, las empresas Apumayu, Sami SAC y Compañía Minera Ares con las unidades mineras Inmaculada y Pallancata; así como, que “no habrá ninguna ampliación más ni para procesos de explotación, exploración e incluso para cierre de minas”, rechazamos enérgicamente cualquier intento de vulnerar la seguridad jurídica, principio fundamental para la democracia, el Estado de derecho y lograr inversiones sostenibles.
"Solicitamos al presidente de la República corrija este nuevo error en su gestión y, en concordancia con sus reiteradas afirmaciones, cumpla efectivamente con brindar garantías jurídicas a los empresarios para intentar superar la actual situación de incertidumbre e inestabilidad que se agudiza con esta nueva amenaza que se cierne sobre la inversión privada, motor del crecimiento económico y el bienestar social" indica.
Agrega que "No basta un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros asegurando, ante los cuestionamientos del sector empresarial, que garantiza las operaciones de las empresas mineras respetando estrictamente el marco legal vigente. Por el contrario, resulta preocupante que continúe intentando polarizar al país con mensajes tendenciosos como deslizar que el gremio empresarial minero abona en la inestabilidad política del país, cuando este solo hace uso de su legítimo derecho a defender el principio de seguridad jurídica".
finalmente precisa "Pedimos al Gobierno coherencia entre el discurso y la acción para contribuir a mejorar el clima de inversión y fomentar la aceleración de la reactivación económica en un marco de paz social; recuperación que permitirá estimular la generación de empleo, reducir las brechas sociales y luchar contra la pobreza; impactando, positivamente, en el desarrollo del país".
