ERP. El fiscal José Jiménez Moscol, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Piura, obtuvo 18 meses de prisión preventiva para 05 exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura como presuntos autores del delito de colusión agravada en agravio del Estado.
En tanto que, para Richard Gonzales Alcedo se impuso comparecencia con restricciones y su liberación previo pago de una caución. Extremo que fue apelado por el fiscal.
Gonzales Alcedo, Edwarth Garcés Colupu, Juan Távara Elías y Omar Morales Alvarado, detenidos en un operativo; así como Carlos Andrés Palacios Meza y José Altiere Tafur Guivin, quienes se encuentran con órdenes de captura; son investigados por irregularidades en la contratación del Consorcio Constructor MNDC, que debía realizar obras y equipar un establecimiento de salud en Máncora, en la provincia piurana de Talara.
El juez anticorrupción Cristhian Azabache Vidal evaluó los indicios encontrados por la fiscalía como: que el comité de selección no habría observado los plazos establecidos por la ley, otorgó la buena pro a consorcio que no acreditó línea de crédito, el contrato de obra fue firmado el lunes 22 de febrero y no el 19 de febrero de 2021, firma de contrato sin la totalidad de documentación para su perfeccionamiento.
Así como que se suscribió contrato con profesional que carece de la experiencia exigida en las bases del procedimiento, se perfeccionó el contrato de obra con información carente de veracidad, presentación y trámite irregular de carta fianza de fiel cumplimiento, entre otros; para otorgar la medida coercitiva.
Logrando la Fiscalía acreditar, con la documentación respectiva, que sí existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito, uno de los presupuestos para otorgar la prisión preventiva.
Los otros presupuestos acreditados fueron que la pena a imponer es mayor a 4 años y que existe peligro procesal, resolviendo el Juzgado declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra los investigados, que solicitó la Fiscalía anticorrupción.
