ERP. Contraloría General de la República, informó que existe responsabilidad civil, administrativa e incluso penal en 20 funcionarios del gobierno regional de Piura, en el caso del proyecto PEIHAP; el cual, conforme se dio a conocer, se quebró en su ejecución en dos oportunidades, la primera con la empresa Camarco Correa y la última por el consorcio Obrainsa- Astaldi.
Según la acción de conttrol existe un perjuicio económico de 77 millones 578 mil 425 soles en la obra “Construcción de la presa y túnel del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, uno de los proyectos más importantes de la región Piura, que permitirá generar energía eléctrica y ampliar la producción agrícola en la región.
Proyecto Alto Piura, acarreará responsabilidad de Reynaldo Hilbck
Durante la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General, se detectó la presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa de 20 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura y del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (entidad del Gobierno Regional).
Actualmente, la construcción de la presa y el túnel se encuentran paralizados, debido a que se resolvió el contrato con una segunda empresa contratista y un segundo supervisor, que estaban ejecutando el saldo (faltante) de obra.
Sin expediente técnico
El contrato para ejecutar la obra fue suscrito por el Proyecto Especial y la empresa Construcöes e Comercio Camargo Correa S.A., en mayo del 2010, por 479 millones 663 mil 437 soles, siendo resuelto años después (2013) por mutuo acuerdo entre las partes.
La Comisión Auditora ha determinado que la empresa contratista empezó a ejecutar la obra con un expediente técnico deficiente e incompleto, sin los planos de detalles, secciones, georreferenciación, Estudios de Impacto Ambiental y estudios complementarios que permitan la ejecución de la presa y el túnel, objeto central de la obra contratada.
Durante tres años, la empresa contratista ejecutó las obras viales, denominadas caminos de acceso (que inicialmente no estaban contempladas en el proyecto), avanzó 188 metros de galerías de acceso al túnel. Sin embargo, no construyó ni el túnel ni la presa (objeto esencial del contrato) porque no contaban con los estudios definitivos de dichas obras.
En el año 2014, se culminaron los estudios definitivos con nuevos diseños para la construcción del túnel y la presa que tenían características distintas a las del contrato inicial y contemplaban un incremento del 50% del presupuesto. Esto ocasionó que las partes decidieran resolver el contrato de mutuo acuerdo.
El retraso en la elaboración de los estudios definitivos conllevó a que la empresa contratista solicitara que le reconozcan mayores costos generales, costos por posesión de maquinaria, entre otros, los cuales fueron sometidos a un arbitraje.
La empresa contratista Camargo Correa ganó el arbitraje por 75 millones 592 mil 302 soles. Además, la entidad tuvo que asumir el costo del proceso arbitral ascendente a un millón 150 mil 145 soles, constituyéndose en una pérdida económica para el Estado.
Construcción en el lugar equivocado
Durante la auditoría de cumplimiento, también se determinó que la entidad y el supervisor autorizaron a Camargo Correa construir las obras de sostenimiento del portal de salida del túnel, sin contar con el expediente técnico completo.
Las obras de sostenimiento del talud del cerro que impiden que se produzcan derrumbes cuando se realiza la excavación, se ejecutaron entre octubre del 2012 y setiembre 2013, con una inversión de 835 mil 977 soles.
La Contraloría General evidenció que estas obras no fueron utilizadas porque el expediente técnico aprobado, en marzo del 2014, contemplaba la construcción del portal de salida del túnel en un lugar diferente al que se había previsto inicialmente. Por lo tanto, las obras de sostenimiento del portal de salida del túnel tenían que ejecutarse en la nueva ubicación.
Así, se ha determinado que cuando se resolvió el contrato con Camargo Correa, la entidad contrató al Consorcio Obrainsa-Astaldi, para que construyera las obras de sostenimiento del nuevo portal de salida del túnel en la ubicación señalada en el expediente técnico aprobado, las cuales contemplaban, incluso, un presupuesto menor, según señala el informe de control.
Responsabilidades
La Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa a 20 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura y del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, quienes tuvieron algún tipo de participación en la construcción de la presa tronera sur y túnel trasandino.
La Auditoría de Cumplimiento N° 1325-2018-CG/MPROY-AC se encuentra publicada en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, sección Informes de Control. También puede descargarla haciendo clic aquí:
