ERP. Tras la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Mateo Gómez Matos, afirmó que esta decisión no solo era necesaria, sino inevitable frente al grave deterioro de la credibilidad del proceso electoral luego de las irregularidades registradas el pasado 12 de abril. Asimismo, saludó que la Junta Nacional de Justicia haya aceptado su dimisión.
“El proceso electoral no solo debe ser transparente, sino incuestionable. Cuando la confianza ciudadana se ve severamente comprometida, como ha ocurrido, la continuidad de la máxima autoridad electoral resulta insostenible”, sostuvo.
En esa línea, advirtió que el país atraviesa un momento crítico que exige respuestas firmes e inmediatas. “La renuncia constituye un punto de quiebre, pero de ninguna manera cierra la crisis. Se requieren acciones concretas que restablezcan plenamente la legitimidad del sistema electoral”, subrayó.
El titular del gremio empresarial fue enfático en señalar que no basta con cambios en la conducción, sino que es imprescindible esclarecer los hechos. “Las irregularidades denunciadas deben ser investigadas a fondo, sin dilaciones ni excepciones. El país no puede tolerar impunidad en un proceso que sustenta la democracia”, afirmó.
Asimismo, hizo hincapié en que la incertidumbre generada impacta directamente en la estabilidad política, social y económica del país, por lo que instó a las autoridades electorales a actuar con máxima diligencia. “La institucionalidad no puede seguir debilitándose. La defensa del voto ciudadano debe ser absoluta e innegociable”, señaló.
Finalmente, remarcó que la designación de la nueva autoridad electoral debe responder a los más altos estándares de integridad y competencia. “El país necesita una autoridad incuestionable, con solvencia técnica y ética, capaz de conducir procesos electorales sin margen para dudas ni errores”, indicó. No obstante, expresó su preocupación por la designación de la nueva autoridad electoral, al recaer en quien se desempeñó como gerente general durante la gestión cuestionada.
“La legitimidad del proceso también depende de la credibilidad de quienes lo conducen. El país no resiste más decisiones que profundicen la desconfianza; por el contrario, exige señales claras, firmes y verificables de transparencia. Recuperar la confianza ciudadana no es opcional: es una condición indispensable para sostener la democracia”, concluyó.
