ERP. La Contraloría General detectó irregularidades en la adquisición de productos para el Programa de Complementación Alimentaria para el Paciente con Tuberculosis (PANTBC) de la Municipalidad de Zarumilla, en el 2023. Funcionarios de la comuna recibieron, validaron, dieron conformidad y pagaron producto declarado como no apto para consumo humano, afectando a la población beneficiaría y el correcto funcionamiento de la administración pública.
En el informe N.º 091-2024-2-0476-SCE se señala que la municipalidad pagó S/44 mil al proveedor por ocho productos para el programa. En la primera entrega dieron conformidad sin tener los certificados de calidad ni el protocolo del distribuidor de conserva de pescado a nombre del contratista dado por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), y que se regularizó luego de 60 días, con la segunda entrega, debiendo aplicar la penalidad máxima por retraso.
SANIPES detectó inconsistencias en dos lotes de entero de anchoveta y su documentación, por lo qué inmovilizó el producto. Además, en la segunda entrega no se advirtió que fueron declarados como no apto para consumo humano por no ser rastreable el lugar de su fabricación. Esta situación fue de conocimiento de la subgerencia de Programas Sociales y la gerencia de Desarrollo Social de la municipalidad, pero no se observó. En adición, el producto inmovilizado estaba en el almacén de la entidad y las bases establecían el descuento del costo del producto al proveedor, no obstante, fue recibido, validado y pagado en su totalidad.
La tercera entrega tuvo un retraso de 17 días, pero la entidad no aplicó la penalidad correspondiente, por el contrario, se recibió y dio conformidad el lote observado por SANIPES. Estos hechos en las entregas ocasionaron un perjuicio económico mayor a los S/ 5 mil.
Por otro lado, los certificados de calidad de la primera entrega para el entero de anchoveta no fueron reconocidos por el laboratorio emisor. De igual forma, el certificado de la tercera entrega presenta datos ilegibles, una antigüedad mayor a la exigida en las bases y tampoco es reconocido por el laboratorio. Cabe resaltar que estos documentos fueron presentados por el producto declarado no apto para consumo humano, que finalmente fue destruido.
Tras las irregularidades, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa por el Procedimiento Administrativo Sancionador de Contraloría en tres funcionarios y dos bajo el Procedimiento Administrativo Disciplinario por la entidad.
