ERP. La Asociación de Gobiernos Regionales presidido por Servando García Correa, le salió al frente al Ejecutivo para cuestionar primero por el desabastecimiento de equipos de protección personal y biomédicos.y para discrepar de la conformación de Comandos de Operaciones COVID-19, los mismos que se instalaron en Arequipa, Lambayeque y Loreto, prescindiendp del liderazgo de los gobernadores regionales.
“En cuanto a la ejecución presupuestal, informamos a la población peruana que los recursos para combatir el COVID.q9 recién han sido transferidos en los últimos días del mes de marzo del año en curso, mientras que otros proceden de modificaciones presupuestales efectuadas por los gobiernos regionales en el mes de abril; como es de público conocimiento tanto en el Mercado Nacional e Internacional existe una gran escasez de equipos de protección personal (EPP) y equipos biomédicos que no permiten abastecer nuestros establecimientos de salud, motivo por el cual, a la fecha, resulta materialmente imposible su adquisición y esto se refleja en la ejecución presupuestal”.indican en el numeral 1 de Comunicado.
La confrontación con el Ejecutivo no se queda allí al indicar “Lamentamos que el Poder Ejecutivo no haya adquiridos dichos insumos y equipamiento en su oportunidad, cuando se tuvo conocimiento de los casos de COVID-19 a nivel mundial, lo que nos ha conllevado a la escasez de insumos, equipos biomédicos y de protección personal, a nivel nacional”.
Sin embargo, las discrepancias de los gobiernos regionales no queda allí, pues discrepan totalmente con la conformación del Comando de Operaciones COVID-19 Regionales, que buscan dar mayor efectividad a la lucha contra el coronavirus “Respecto a la (…) nos solidarizamos con nuestros hermanos gobernadores de Arequipa, Lambayeque y Loreto, al haber sido excluidos de presidir los mismos sustituyéndolos por altos mandos militares, advirtiendo a la población sobre una posible amenaza a nuestra tan luchada democracia por parte del Gobierno Central”.
Finalmente, realizan una exhortación al Presidente de la República a realizar un trabajo articulado con las autoridades “con el respeto irrestricto a nuestra institucionalidad y democracia”.