ERP. Los problemas legales y sobre todo de investigación penal que enfrenta Gregorio Santos Guerrero no terminan y se profundizan comprometiendo a personajes como los piuranos Deyber Flores un ex regidor ayabaquino y Jorge Luis Benites Pereyra, un economista quien fundó un movimiento regional en Piura y que después cambió de nombre por el Movimiento de Afirmación Social, el cual participó en las elecciones del 2014.
De acuerdo a un informe difundido por el programa periodístico Cuarto Poder, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, es investigado por la Fiscalía por delitos como asociación ilícita, colusión agravada y simple, entre otros, por 12 licitaciones durante su gestión.
Estas presuntas acciones ilícitas, comprometerían a una empresa brasileña ligada al caso Lava Jato, y que hace unos meses llevó a la caída de la presidenta brasileña.
De acuerdo al informe, el Gobierno Regional de Cajamarca otorgó la licitación de la obra Cospán-Huayobamba-La Libertad a la empresa brasileña Aterpa, una constructora que tiene sede en Belo Horizonte y que opera en el Perú desde el año 2010 en la construcción de puentes, carreteras, entre otros, logrando contratos por más de 138 millones de soles.
Según colaboradores eficaces, señalaron que Santos Guerrero habría recibido de Aterpa 3 millones de soles para que les otorgase la licitación y construyan la carretera que fue valorizada en unos 70 millones; y justamente, en esta parte se señala al ex regidor ayabaquino Deiver Flores, quien sorpresivamente pasó de su natal Ayabaca a ser representante de la indicada empresa brasileña.
Santos Guerrero, quien fue llevado a prisión y liberado por exceso de carcelería, fue en su momento un personaje incómodo para el gobierno y sobre todo para los empresarios mineros, quienes buscan explotar a toda costa el proyecto de Conga y que recibió el rechazo masivo de los cajamarquinos liderados por su ex presidente regional.
Todo ello, lleva a dudar de las acusaciones que se hacen en su contra; sin embargo, existe la teoría del caso construida, que le daría credibilidad a esta investigación. Se dice por ejemplo, que la entrega de dinero a Santos habría sido a través de dos empresas que depositaron a familiares el monto total en diferentes operaciones.
En este sentido, se señala a Olmedo Auris, uno de los principales dirigentes del Movimiento de Afirmación Social (MAS) quien habría recibido 900 mil soles, y el otro es Jorge Luis Benites Pereyra, quien entregó su movimiento regional a la organización de Santos Guerrero y la reconvirtió a nomenclatura similar que usa el ex presidente regional de Cajamarca. Luego se dedicó a realizar trabajos y consultorías en el Gobierno Regional de Cajamarca.
Según se indica en el informe, este dinero presuntamente mal habido, habría permitido asignar a las organizaciones regionales de Santos Guerrero, generalmente para comprar camionetas y recolectar firmas para las elecciones del 2014, en cuyo proceso participó con bastante éxito en la región Cajamarca y en provincias cercanas fuera de la región.
En el caso de Piura, el Movimiento de Afirmación Social o MAS, participó en las elecciones municipales del 2014, luego de una abortada candidatura de Deyber Flores; obtuvo una significativa votación en la provincia de Huancabamba y varios de sus distritos. La provincia piurana tiene bastante cercanía con la región Cajamarca y además, aspectos culturales.
Santos Guerrero, fue candidato en las elecciones presidenciales del 2016, con el partido Democracia Directa, y obtuvo una relativa votación. Es considerado un personaje de izquierda, pero no está exento de acusaciones de corrupción, que se mezclan con su lucha contra la minería en su territorio.
En tal sentido, en el mismo informe, el abogado de Santos Guerrero, calificó la denuncia como “Refrito”.
