ERP. La mandataria Dina Boluarte Zegarra, desafiando los acontecimientos sucedidos en el 2022 en Ayacucho, concurrió a esta región para anunciar inversiones; para tal efecto, buscó la condescendencia del Gobernador y de varios alcaldes, además de una portátil dispuesta a gritar su nombre; sin embargo, en el tumulto otras voces le imprecaban “Dina Asesina, el pueblo te repudia”.
En tanto que un locutor a viva voz, hablaba de las bondades de las obras; esas otras voces indignadas por los asesinados ocurridos 15 de diciembre del 2022 no solo peroraban en contra de la mandataria, sino que una mujer, al sentirse cerca de Dina Boluarte, procedió a jalarla del cabello. Muchas voces dirán que no es la forma, otros dirán que es un acto violento; pero la realidad es tal y la búsqueda de justicia es permanente; que incluso puede llevar a este tipo de acciones.
Como se recuerda un 15 de diciembre del 2022, 10 peruanos, incluido un menor de edad, fueron asesinados por las Fuerzas Armadas y Policiales, aunque los procesos para conocer la verdad son lentos en su avanzar, tales acciones habrían sido de pleno conocimiento de la mandataria Dina Boluarte y de su premier Alberto Otárola, quien fue en ese momento Ministro de Defensa. Se ha demostrado por investigaciones independientes, la forma y modo como acabaron con estas vidas.
Pese a esta realidad, el Ejecutivo avaló lo realizado y al contrario intentó presentar a los protestantes como integrantes de grupos radicales, cuando lo que buscaban quienes protestaban era que se respete su derecho de tener sus autoridades elegidas y en todo caso, que se vaya todos, lo que después se jugó con el pedido y exigencia nacional, para después afirmarse sin mayor contemplación.
Dina Boluarte ha escogido el camino fácil para mantenerse en el cargo, es decir condescender al Congreso, sembrar miedo en la población, avalar matanzas en aras de una falsa paz, para después premiar con nuevos cargos a los presuntos responsables. La indignación en su contra, no es solo por haberse empotrado en el cargo de presidenta, sino por esas matanzas habidas por un uso indiscriminado de la fuerza.
El último sábado 20 de enero, la provocación llegó a situaciones límites, cuando se ha vejado emocionalmente a una población, lo material es lo de menos. Las obras materiales, pueden ser importantes, pero los ánimos de justicia son mayores. No es el derecho al agua que los moviliza, sino la repulsa por las matanzas que tienen en el Ejecutivo al ente presuntamente responsable y ese reclamo de justicia.
Queda demostrado con lo sucedido, que una cosa es el clamor de un pueblo y otras las ansias locas de los funcionarios públicos de conseguir presupuesto, que manejarán directamente. Ellos, gobernador y alcaldes de esa región, tienen su cuota de responsabilidad de lo sucedido. Prestarse para una exageración de un acto público, simplemente es desleal con aquellos que claman justicia por sus deudos.
Lo cierto que en la balanza de lo sucedido, un jalón de cabellos dolerá menos que la pérdida de vidas de ayacuchanos. La ciudadana, se observa, tendrá la paz y la calma a que tiene derecho, cuando el sistema judicial identifique a los responsables directos de las matanzas habidas y sobre todo de los mediatos y se aplique justicia como se hizo en su momento en Argentina o como hizo Perú encarcelando al violador de derechos humanos.
La paz se construye y logra con justicia, es una verdad de Perogrullo a tenerse en cuenta y nunca olvidar.
