En pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
Lima. El Poder Judicial, a través de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, rechazó las incitaciones para ejercer la justicia por mano propia, por considerar que este tipo de actos no contribuyen a la solución del problema de la criminalidad.
En un pronunciamiento señala que, por el contrario, deslegitiman más a las instituciones políticas y jurídicas, conduciendo al debilitamiento del Estado de derecho y a la ruptura del pacto social que les da sustento y que permite a los ciudadanos convivir en sociedad.
En ese sentido, respalda la posición firme asumida días atrás por el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, quien expresó que la llamada “justicia popular” debilita la institucionalidad y el Estado constitucional de derecho y, por tanto, solicitó prudencia y responsabilidad a la población y a los medios de comunicación para no promover e incentivar actos de violencia.
Los magistrados de la Sala Plena precisan que la ciudadanía debe tener presente que el Poder Judicial permanece atento a la actuación de todos y cada uno de sus miembros, dictando inmediatamente las medidas correctivas ante cualquier situación que pueda dar lugar a márgenes de impunidad.
Asimismo, expresa que por mandato constitucional el Poder Judicial tiene potestad exclusiva para impartir justicia a nombre de la Nación, mandato que debe ejercerse garantizando a todo ciudadano el derecho a ser juzgado por un juez independiente, objetivo e imparcial, en el marco del derecho fundamental al debido proceso.
La Sala Plena señala que, ante el contexto de incremento alarmante de la criminalidad, le corresponde a cada institución asumir su cuota de responsabilidad y de comprometerse a contribuir a su reversión.
Finalmente, invoca a la ciudadanía a conservar la confianza en sus instituciones y compromete los esfuerzos del Poder Judicial para contribuir a la lucha contra la inseguridad ciudadana, garantizando la protección de los derechos ciudadanos con independencia e imparcialidad, en el marco de lo establecido por la Constitución y la ley.
