ERP. Amnistía Internacional Perú, se dirigió a quienes debería decidir y exhortaron al Congreso de la República a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza el proyecto de ley que propone otorgar amnistía a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú entre 1980 y 2000, pero no escucharon y se dio una Ley contraria a lo esperado por muchos.
En efecto, la Comisión Permanente del Congreso, que reemplaza al Pleno en su función legislativo, en tanto el receso parlamentario, aprobó una Ley contraproducente y en contradicción a convenios suscritos por nuestro país, para que se juzgue a aquellos, que protegiéndose en la lucha contra la subversión, cometieron delitos, que en gran parte han sido sentenciados y otros que se encuentran en proceso.
El proyecto beneficioso para los violadores de derechos humanos, será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación; sin embargo, se da por descontado que no será observada, debido al poco disimulado contubernio entre Congreso y presidencia de la República; el proyecto tuvo como uno de los promotores a Fernando Rospigliosi, contumaz opositor de este tipo de hechos, pero que en su vejez ha mutado.
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De acuerdo a Amnistía Internacional Perú agregó que “Recordamos que los estándares regionales e internacionales de derechos humanos prohíben expresamente la aplicación de amnistías en casos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, como los ocurridos en el Perú durante ese periodo”.
La norma estaba aprobada en primera votación y era necesario una segunda para convertirse en Ley, que por contravenir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de entrar en vigencia después de su promulgación, podrían inaplicar considerando que sentencias anteriores, fijan los aspectos sobre el particular, la norma de manera tácita propone conceder amnistía a los miembros de las fuerzas armadas, de la Policía Nacional y de los comités de autodefensa.
De esta manera, el Congreso de la República y que es el que gobierna de facto el país, comete otro atropello constitucional a favor de exmilitares y otros que cometieron delitos durante los años de violencia terrorista que afectó al Perú.
